Respuesta tardía y limitada de la Fiscalía Edoméx ante denuncias masivas de extorsión y secuestro.
Las acusaciones, ampliamente difundidas por ciudadanos, colectivos y medios de comunicación, describen un presunto modus operandi en el que agentes de investigación, bajo el argumento de operativos migratorios o revisiones de rutina, habrían extorsionado a personas
Staff
Toluca, Estado de México, 22 de enero de 2026.— Tras semanas e incluso meses de denuncias públicas en redes sociales sobre presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y secuestro cometidos por policías ministeriales en el Valle de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión de diez elementos y el inicio de una investigación de oficio. Sin embargo, la reacción ha sido calificada por usuarios y especialistas como tardía e insuficiente frente a la gravedad de los señalamientos.
Las acusaciones, ampliamente difundidas por ciudadanos, colectivos y medios de comunicación, describen un presunto modus operandi en el que agentes de investigación, bajo el argumento de operativos migratorios o revisiones de rutina, habrían extorsionado a personas principalmente migrantes e incluso participado en privaciones ilegales de la libertad en municipios del Valle de México, particularmente en la región de Tecámac.
Pese al volumen y persistencia de los señalamientos, la Fiscalía informó apenas el inicio de una investigación de oficio y la remoción temporal de un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, quienes fueron concentrados en oficinas centrales mientras se determina su posible responsabilidad. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, órdenes de aprehensión ni judicialización de casos concretos.
Para diversos sectores de la sociedad civil, la actuación de la FGJEM resulta tibia frente a la dimensión del problema. Consideran que la institución reaccionó solo después de que las denuncias alcanzaron alta visibilidad pública, lo que refuerza la percepción de que las redes sociales, y no los mecanismos formales de control interno, siguen siendo el principal detonante para que se investiguen posibles abusos de autoridad.
Además, el llamado de la Fiscalía a que las víctimas denuncien a través de correos electrónicos, líneas telefónicas o aplicaciones oficiales contrasta con el temor expresado por ciudadanos, quienes aseguran desconfiar de acudir a la misma institución señalada por presuntas redes de corrupción interna, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables como personas migrantes.
Aunque la FGJEM reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el “cero tolerancia” a la corrupción, hasta ahora sus acciones se limitan a procedimientos administrativos preliminares, sin que se conozcan avances sustantivos en el desmantelamiento de las presuntas estructuras delictivas denunciadas.
La situación pone nuevamente en entredicho la capacidad de la Fiscalía mexiquense para investigar y sancionar con prontitud a sus propios elementos, así como la efectividad de sus mecanismos internos de control, en un contexto donde la impunidad y la desconfianza ciudadana continúan siendo uno de los principales retos en materia de procuración de justicia en el Estado de México
