CFE: Negativas, Cortes y Trato Discrecional Mientras Chimalhuacán Sí Obtiene Convenio Millonario
Usuarios enfrentan restricciones, amenazas de corte y casos de presunta extorsión.
Fernanda Ruíz
Mientras miles de usuarios domésticos y pequeños comercios denuncian año con año que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les niega convenios, les realiza cortes inmediatos y, en algunos casos, enfrentan prácticas abusivas de parte de cuadrillas que exigen pagos “por fuera” para evitar suspensiones, el Ayuntamiento de Chimalhuacán obtuvo sin mayores obstáculos la autorización para suscribir un convenio de regularización por 92 millones 190 mil 020 pesos.
En colonias populares del Estado de México, el acceso a convenios es prácticamente inexistente. Los usuarios reportan que a la mínima irregularidad, los recibos aumentan de manera brusca, se emiten sanciones, se realizan cortes sin previo aviso y, peor aún, se les canaliza a procesos administrativos que rara vez concluyen en facilidades reales.
En contraste, la capacidad de la CFE para negociar montos millonarios con gobiernos municipales parece fluir con rapidez y flexibilidad cuando se trata de instituciones cercanas a operadores políticos o “allegados”, según señalan vecinos inconformes.
El convenio avanza… pero solo con gobiernos, no con ciudadanos, el Congreso mexiquense aprobó el convenio entre Chimalhuacán y la CFE para sanear adeudos históricos acumulados hasta agosto de 2020. La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez establece un plazo de hasta 51 meses para cubrir el saldo, permitiendo incluso afectar participaciones federales como garantía.
El acuerdo representa una quita del 50% del monto total del ODAPAS, que originalmente ascendía a 184 millones 380 mil 041 pesos. El beneficio, autorizado por la CFE, permite que el organismo pague únicamente la mitad: un alivio financiero que difícilmente vería cualquier usuario residencial.
Mientras tanto, ciudadanos afectados por recibos impagables, errores en medición o cambios súbitos en el consumo reportan que la CFE no solo les niega convenios, sino que mantienen una política de “tolerancia cero”, sin considerar condiciones económicas, errores del sistema o causas ajenas al usuario.
Cortes inmediatos y trabajadores denunciados por abusos, de acuerdo con testimonios recabados por comunidades y organizaciones vecinales, hay casos frecuentes donde personal de la CFE condiciona la reconexión a pagos extraoficiales, aprovechando la desesperación de familias que necesitan el servicio para refrigeración, estudios o actividades laborales.
Aunque la CFE niega sistemáticamente estas prácticas, los testimonios se repiten: cortes sorpresivos, amenazas, negativas para revisar medidores antes de suspender y, en algunos casos, solicitudes de “apoyo” para evitar el corte.
La asimetría es evidente: mientras los ciudadanos no obtienen convenios ni facilidades, los adeudos institucionales pueden renegociarse con plazos amplios, quitas y condiciones favorables.
La pregunta que queda en el aire, si la CFE es capaz de otorgar un convenio millonario con reducción del 50% del adeudo y facilidades que se extienden por más de cuatro años a un gobierno municipal…
¿Por qué los usuarios comunes no reciben el mismo trato?
¿Por qué a los ciudadanos se les rechazan convenios, se les corta la energía sin esperar resolución y se les somete a presiones por parte de cuadrillas que actúan con discrecionalidad?
El contraste es evidente y alimenta la percepción de que la CFE mantiene un enfoque rígido y punitivo hacia la población, mientras abre la puerta a acuerdos cómodos cuando se trata de instituciones públicas o actores cercanos al poder.
Lo que para un municipio es “regularización”, para los usuarios sigue siendo castigo, miedo a los cortes y la sensación de que la empresa eléctrica opera bajo reglas distintas según quién esté del otro lado del mostrador.
