Una amenaza se cierne en plena crisis de la vivienda en España: la renovación de 300.000 alquileres pandémicos
Entre los muchos temas que nos quitan el sueño a los españoles hay uno que suele repetir en los sondeos del CIS como el gran problema nacional: la vivienda. Ha sido así en los últimos meses. Y todo indica que seguirá siéndolo (aun más si cabe) en los meses que están por venir. Al menos eso es lo que sugiere un informe de Consumo avanzado por la SER en el que se advierte que España está a punto de ver cómo vencen miles de contratos de alquiler, arrendamientos firmados en plena pandemia y que ahora se enfrentan a un mercado en plena escalada.
La gran pregunta es… ¿Hay forma de evitarlo?
Pendientes del calendario. Marzo de 2025 fue un mes para recordar. El viernes 14 se cumplieron cinco años de la declaración del estado de alarma por el Covid-19, lo que llevó a muchos medios españoles a rememorar cómo se vivieron aquellos días de confinamiento y mascarillas, qué ha cambiado desde entonces y si estamos (o no) más preparados para afrontar una crisis sanitaria.
Para muchos españoles el quincuagésimo aniversario de la pandemia representó otra cosa: el fin de sus contratos de alquiler, arrendamientos que firmaron en un momento de incertidumbre y vencen ahora, con los precios disparados.
Dos fechas, dos escenarios. Aunque Idealista no es una fuente oficial, viene bien echar un vistazo a su gráfica de precios para entender qué ha cambiado en el mercado del alquiler a lo largo del último lustro. Tras varios años de escalada casi ininterrumpida, hacia el verano de 2020 el precio del m2 empezó a moderarse e incluso se abarató durante varios meses. Esa ‘tregua’ coincidió con lo peor de la pandemia. A mediados de 2022 los precios volvieron a subir y desde entonces su escalada ha sido más pronunciada, con un alza de casi el 10% en el último año.
Como siempre dicen más unas cifras que una larga explicación, ahí van tres extraídas de la media nacional de alquileres calculada por Idealista. Según su registro, en abril de 2020 el m2 se cotizaba a 10,7 euros, en diciembre de 2021 había bajado a 10,3 y ahora marca ya 14,6. Si hablamos de mercados tensionados como Madrid la progresión es todavía más clara: entre junio de 2020 y 2021 los alquileres se abarataron un 12,3% y desde entonces han subido un 59,4%.
¿Por qué importa tanto 2020? Sencillo. Porque la ley establece que los contratos de alquiler duran cinco años si el arrendador es un particular o siete, en caso de que el ‘casero’ sea una persona jurídica. Durante ese período los contratos se prorrogan anualmente de forma automática y los precios suelen actualizarse en base al IPC o IRAV (si los acuerdos se firmaron a partir de 2023).
Si tenemos en cuenta que la mayoría de viviendas en alquiler de España (85%) están en manos de pequeños propietarios eso significa que los miles de contratos suscritos entre 2020 y 2021, en un mercado pandémico a la baja, están venciendo ya o a punto de hacerlo. El problema es que ahora el escenario es bien distinto al de hace un lustro. Tanto, que hay quien advierte que los inquilinos afectados se encontrarán de repente a merced de precios se han disparado un 30%. Y eso es preocupante toda vez que muchos hogares están asfixiados ya por las rentas.
Muchas cifras, misma lectura. ¿De cuántos contratos hablamos? ¿Cuántos alquileres están expirando o a punto de hacerlo? A lo largo de los últimos meses han circulado varias estimaciones que no siempre coinciden, pero sí comparten un denominador común: muestran que el vencimiento de contractos de arrendamiento afectará a un número considerable de hogares.
En septiembre Sindicat de Llogateres advertía que en 2026 solo en Cataluña finalizarían 119.000 contratos de alquiler firmados en 2021, una estimación que, recordaba, no tiene en cuenta aquellos que pueden estar sujetos a prórroga. Más o menos por las mismas fechas el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid hablaba de la extinción de 500.000 contratos de alquiler en solo dos años, lo que le llevaba a advertir de «la mayor oleada de renovaciones en mucho tiempo».
Probablemente la estimación que más ha sonado es sin embargo la que usa Sumar y se ha encargado de recalcar el ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030. Pablo Bustinduy ha pedido al PSOE que se prorroguen de forma automática 300.000 contratos de alquiler que estarían a punto de expirar.
¿Hay más datos? Sí. El último lo divulgó esta misma semana la cadena SER, que el jueves divulgó un documento interno del Ministerio de Derechos Sociales que sostiene que en 2020 se firmaron 568.538 contratos de alquiler, 632.369 en 2021 y 405.234 en 2022. Los datos son contundentes y muestran la considerable cantidad de hogares que en breve podrían enfrenarse a un dilema: quedarse en sus pisos pagando rentas mucho mayores o buscarse una nueva vivienda.
Eso no significa que deban interpretarse como cálculos cerrados. Las cifras (que no incluyen ni Euskadi ni Navarra) pueden incluir contratos ya cancelados o con una duración superior a los cinco años. Otro factor clave es cuántas viviendas con contratos a punto de expirar se encuentran en zonas que ya se han declarado tensionadas, lo que implica ciertas restricciones en los precios.
Hace justo un año la Generalitat catalana apuntaba que iba camino de los 271 municipios con medidas de contención de rentas, aunque eso no significa que todos sus inquilinos se beneficien. Barcelona, Bilbao o San Sebastián ya se han sujeto a la medida. Las Palmas de Gran Canaria o Santiago lo han solicitado.
De las agencias a la política. El tema es lo suficientemente relevante (el informe habla de un número considerable de potenciales afectados) como para que se haya colado de lleno en el debate político. Para Sumar la respuesta está clara. El socio minoritario de Gobierno lleva tiempo reclamando que se prorroguen cientos de miles de alquileres a punto de vencer.
La idea es sencilla: congelar sus rentas tres años (cinco en las zonas con mercados tensionados) para evitar que las familias que ocupan esas casas acaben en una situación vulnerable. Desde el Ministerio de Vivienda apuestan por las declaraciones de zonas tensionadas y la eficacia del Plan Estatal 2026-2030.
Imágenes | Emil Gabrovski (Unsplash) y Gregor Schram (Unsplash)
