P A N O R A M A S
¿Cuáles son los puntos positivos y negativos por los que se quiere modificar la Ley del Agua en México, bajo la premisa de que el agua es un derecho y no una mercancía?
En México, el otorgamiento de títulos de concesión de agua es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), un organismo federal regulado por el artículo 27 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales.
Históricamente, el uso y manejo del agua ha presentado diversos problemas. Un punto crítico ocurrió en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), cuando se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permitió el acumulamiento de títulos de agua entre particulares y empresas. Antes de este sexenio existían alrededor de 2,600 concesiones; posteriormente, las cifras crecieron de manera exponencial.
A la fecha, se estima que más de 550,000 concesiones han sido otorgadas a empresas privadas y particulares a lo largo de los sexenios de:
- Luis Echeverría (1970–1976) – PRI
- José López Portillo (1976–1982) – PRI
- Miguel de la Madrid (1982–1988) – PRI
- Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) – PRI
- Ernesto Zedillo (1994–2000) – PRI
- Vicente Fox (2000–2006) – PAN
- Felipe Calderón (2006–2012) – PAN
- Enrique Peña Nieto (2012–2018) – PRI
- Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) – MORENA
- Claudia Sheinbaum Pardo (2024–2030) – MORENA
El “desorden” en CONAGUA y los cambios recientes
Durante el sexenio de AMLO se señala que existió un “desorden garrafal” en CONAGUA y sus delegaciones estatales. La institución estuvo encabezada por:
- Blanca Jiménez Sisneros (2018–2021), especialista en temas hídricos.
- Germán Arturo Martínez Santoyo (2021–2024).
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue nombrado como nuevo director de CONAGUA Efraín Morales López, quien presentó ante el Senado una propuesta para actualizar el uso y consumo del agua en cuatro ejes principales. Morales López ha sido reconocido, entre otras acciones, por recuperar el agua acaparada ilegalmente en el rancho del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte.
Protestas y debate sobre la nueva Ley Nacional del Agua
Debido al historial de mal uso y acaparamiento del agua en México, diversos sectores —especialmente campesinos y agricultores— se han manifestado en contra de la nueva propuesta de Ley Nacional del Agua.
Gracias a esta presión, se logró una reunión con el senador Ricardo Monreal y líderes campesinos y transportistas para abordar los puntos en desacuerdo. Según la versión oficial, los agricultores no perderán el agua, sino ciertos privilegios previamente otorgados.
El acaparamiento de agua: empresas y políticos
Los académicos Wilfrido A. Gómez Arias y Andrea Moctezuma, en su investigación “Los millonarios del agua: el 80% del agua de los mexicanos la roban empresas y políticos”, señalan que el problema del agua en México es sistémico y ha sido impulsado por:
- Empresas como Coca-Cola, Lala, corporaciones mineras, el sector turístico y el sector empresarial.
- Políticos de diversos partidos que poseen concesiones, especialmente del uso agrícola, el cual está exento de pago.
Una legislación débil permitió que solo el 1.1% de los usuarios privados acapare más del 22% del agua concesionada, evadiendo de manera masiva el pago de derechos, sobre todo en los usos industrial y de servicios.
Estas condiciones han motivado la iniciativa de la nueva Ley Nacional del Agua impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dicha propuesta fue consensuada por el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, quien integró 30 propuestas presentadas por campesinos y otros sectores.
Operación Caudal en el Estado de México
En el Estado de México se llevó a cabo la Operación Caudal, cuyo objetivo fue interrumpir la cadena de comercio ilícito de agua realizada por grupos de “piperos”. Estas agrupaciones operaban pozos clandestinos, no registrados ante CONAGUA, de los que extraían agua sin pagar y la vendían libremente a precios arbitrarios.
Este grupo, compuesto por más de 20 piperos, fue además responsable de bloqueos en caminos y carreteras durante sus manifestaciones.
Sanciones:
El artículo 175 del Código Penal del Estado de México establece que quienes distribuyan agua potable en pipas sin permiso pueden recibir:
- 2 a 6 años de prisión
- Multa de 50 a 200 UMA
Conclusión
Con todos estos argumentos, se puede entender la premisa de que el 80% del agua de los mexicanos es acaparada por empresas y políticos, lo cual fundamenta los esfuerzos actuales por reformar la Ley Nacional del Agua y garantizar que este recurso sea tratado como un derecho humano y no como una mercancía.
ING. IND. JESÚS ESPINOZA GARCÍA
