Congreso mexiquense reconoce el daño de la extorsión, pero la crisis crece sin respuesta en el Edomex
Empresarios de todos los tamaños advierten: es la principal causa de cierres y ningún nivel de gobierno frena el delito.
Fernanda Ruíz
En el Estado de México, la extorsión dejó de ser una amenaza aislada para convertirse en un detonante directo del cierre de miles de negocios, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos para resistir las presiones del crimen organizado y la delincuencia común. Aunque las cámaras empresariales llevan años denunciando la gravedad del problema, los tres órdenes de gobierno siguen sin articular una estrategia eficaz para detener un delito que hoy se extiende por todo el territorio mexiquense.
El Congreso del Estado reconoció finalmente la dimensión de esta crisis. El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), encabezado por el diputado Omar Ortega, presentó una iniciativa para elevar las penas por extorsión a entre 15 y 20 años de prisión cuando el delito provoque el cierre parcial o definitivo de una empresa, así como el desplazamiento forzado de sus propietarios o trabajadores. La propuesta también contempla multas de entre 2 mil y 2 mil 500 días.
Durante la presentación, Ortega subrayó que la extorsión es ya uno de los delitos de mayor impacto económico y social en la entidad, afectando directamente a un sector que representa el 90% de las unidades económicas del estado. Sin embargo, más allá del reconocimiento legislativo, persiste la percepción generalizada de que las autoridades estatales y municipales han sido incapaces de frenar el avance de las bandas dedicadas al cobro de piso, amenazas, secuestro exprés y otros mecanismos de presión criminal.
Las cifras confirman el deterioro: en lo que va del año, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México ha registrado más de mil 500 denuncias por extorsión, lo que convierte a este delito en la segunda causa de cierre de negocios, solo por debajo del pago de renta formal. El clima de inseguridad provoca que empresarios, comerciantes y trabajadores vivan bajo un esquema de riesgo permanente que impacta en inversiones, empleos y estabilidad regional.
El planteamiento del PRD ha sido recibido con cautela por el sector privado. Las cámaras empresariales han reiterado que endurecer penas no resuelve la ausencia de presencia policial, inteligencia criminal y coordinación institucional, factores que consideran indispensables para atacar las estructuras que operan la extorsión en el Edomex.
A pesar de ser un delito ampliamente denunciado, los empresarios aseguran que las autoridades no investigan, no acompañan y no generan condiciones mínimas para que las empresas puedan operar, particularmente en municipios donde las células criminales controlan rutas comerciales, giros específicos o zonas industriales completas.
El cierre de negocios a causa de la extorsión no solo representa pérdidas económicas; también implica despidos, quiebra de inversiones familiares, desplazamientos forzados y un efecto dominó que deteriora la vida comunitaria. En muchos casos, los empresarios deben abandonar sus municipios o incluso el estado para evitar represalias.
La iniciativa del PRD reconoce por primera vez, desde la tribuna legislativa, que la extorsión es un fenómeno estructural que desangra la actividad económica lícita. No obstante, mientras no cambie la realidad en las calles, los empresarios anticipan que la espiral de cierres continuará y que ninguna reforma penal tendrá efecto si la estrategia de seguridad sigue sin dar resultados
