Una propuesta insostenible: cuando la ocurrencia sustituye a la política.
La iniciativa de la diputada Paola Jiménez Hernández, de Morena pretende imponer restricciones imposibles de supervisar y ajenas a la realidad operativa del Estado y del sector privado.
FIRR
En un nuevo episodio de propuestas legislativas que parecen más diseñadas para el aplauso fácil que para resolver problemas reales, la diputada Paola Jiménez Hernández, de Morena, presentó una iniciativa que plantea impedir el acceso a conciertos, espectáculos deportivos, festivales y actividades recreativas a quienes estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Una idea que, aunque suene “contundente” en el papel, resulta inaplicable, desproporcionada y carente de lógica operativa.
La legisladora asegura que se trata de una “acción afirmativa” para proteger el interés superior de la niñez. Pero lo que no explica es cómo, quién y con qué recursos se supervisará semejante control masivo en un país donde ni siquiera se puede garantizar que los deudores alimentarios paguen o que las autoridades mantengan actualizado el propio registro.
Según su propuesta, las empresas de espectáculos, promotoras, organizadoras de eventos e incluso las plataformas de venta de boletos tendrían que consultar en tiempo real la situación legal de cada persona que quiera comprar una entrada o acceder a un recinto. La iniciativa incluso contempla que el Ejecutivo estatal firme convenios con este tipo de empresas para verificar identidades.
Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo pretenden que eso funcione en la vida real?, revisar un registro judicial, cruzar datos personales, validar identidad, garantizar confidencialidad y, además, hacerlo al ritmo de miles de compras por minuto en plataformas como Ticketmaster o en la entrada de un estadio… es simplemente inviable.
Ni el Estado tiene la infraestructura, ni el sector privado tiene la obligación de convertirse en brazo operativo de una autoridad que no ha podido ni siquiera frenar la morosidad alimentaria por los canales legales ya existentes.
El trasfondo es claro: en lugar de fortalecer mecanismos reales como agilizar procesos judiciales, garantizar embargos efectivos, mejorar la actualización del registro o imponer sanciones que sí puedan ejecutarse, se opta por el camino fácil de las prohibiciones vistosas, esas que lucen bien en un boletín, pero que no sirven en la práctica y difícilmente resistirían un análisis jurídico serio.
Al final, lo preocupante no es solo la ocurrencia, sino el patrón: legisladores que, desde Morena, siguen presentando iniciativas que no resuelven el problema de fondo, pero sí generan titulares.
La responsabilidad alimentaria es un asunto grave y urgente.
Lo que no necesita es ser reducido a una medida simbólica que nadie podrá supervisar ni hacer cumplir.
Porque gobernar no es inventar restricciones imposibles: es diseñar soluciones que realmente funcionen.
Si quieres otro subtítulo —más duro, más editorial o más neutro— puedo generarlo.
