Congreso mexiquense se disfraza de “cumplido” mientras invade terreno del Poder Judicial.
El Congreso del Estado de México volvió a cruzar una línea que debería ser intocable: la separación de poderes. Bajo el discurso amable de “dar seguimiento a las sentencias de la Suprema Corte”, los legisladores mexiquenses organizaron una mesa que, en los hechos, les permite meter las manos en procesos que no les corresponden.
Staff
Encabezada por José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Jucopo, y Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, la reunión presume revisar avances sobre acciones de inconstitucionalidad, identidad de género, derechos de personas con discapacidad y planeación urbana.
Pero lo que no dicen es lo más importante:
Y lo está haciendo abiertamente, con funcionarios del máximo tribunal presentes en la mesa, como si eso le diera un sello de “normalidad” a una intrusión que jamás debería aceptarse.
Los diputados mexiquenses, que han bloqueado toda clase de mecanismos de rendición de cuentas sobre sus propios gastos, contratos y acuerdos internos, ahora quieren “evaluar”, “definir estrategias” y “acordar procedimientos” con el Poder Judicial.
Es decir, el poder menos transparente pretende revisar al que se supone debe actuar sin presiones políticas.
El Congreso presume diálogo, pero en la práctica estas mesas abren la puerta a que los legisladores marquen tiempos, influencien decisiones administrativas y condicionen el ritmo de cumplimiento de sentencias que, por su propia naturaleza, deben ejecutarse sin intervención partidista.
Cuando el Legislativo se sienta a “revisar avances” con jueces y funcionarios judiciales, no hay neutralidad posible:
Hay presión, hay influencia y hay riesgo.
La presencia de enlaces de la SCJN es un aval implícito, un gesto que, aunque se presente como “técnico”, termina debilitando la independencia judicial.
Si el Congreso insiste en intervenir y la Corte no pone freno, ¿quién protege la autonomía judicial?
El Legislativo mexiquense lleva años evitando ser sometido a auditorías profundas, ocultando información y operando con opacidad. Pero cuando se trata de revisar a otros poderes, se visten de guardianes constitucionales y se otorgan facultades que no existen en ninguna parte de la ley.
La contradicción es evidente:quieren observar, pero no ser observados. Lo que ocurrió en esta mesa de trabajo no es “colaboración institucional”.
Una invasión delicada, calculada y peligrosa, porque se normaliza la idea de que el Legislativo puede supervisar tareas que pertenecen exclusivamente al Judicial.
Si esto pasa desapercibido, mañana los mismos congresistas podrán influir en agendas, criterios y hasta decisiones clave del Poder Judicial mexiquense. La separación de poderes no se destruye con un golpe; se erosiona con reuniones como esta.
