GOBIERNO DESATA INFIERNO CONTRA MUJERES, NIÑOS Y ABUELOS: GASEOS, GOLPES Y SILENCIO DIGITAL EN MARCHA DE LA GENERACIÓN Z!

Por: El Husmeador

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025 – En un despliegue de brutalidad estatal que evoca los peores capítulos de la historia autoritaria mexicana, el régimen de Claudia Sheinbaum convirtió hoy la pacífica marcha convocada por la Generación Z México en un campo de batalla sangriento. Miles de jóvenes, estudiantes, mujeres, niños, personas de la tercera edad y familias enteras que solo buscaban alzar la voz contra la violencia, la corrupción y la inseguridad rampante fueron recibidos no con diálogo, sino con gases lacrimógenos, extintores disparados a quemarropa, golpes salvajes y detenciones arbitrarias. Incluso los periodistas, guardianes de la verdad en un país asfixiado por la opacidad, no escaparon: cámaras confiscadas, reporteros gaseados y un manto de terror digital con inhibidores de señal celular que dejó a los manifestantes incomunicados, como presas en una jaula invisible.

La movilización, inspirada en el movimiento global «One Piece» y detonada por el atroz asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo –ejecutado el 1 de noviembre en medio de una plaza abarrotada, simbolizando el fracaso estrepitoso de la «4T» en materia de seguridad–, partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo con consignas claras: «Fuera Morena», «Carlos no murió, el gobierno lo mató» y demandas por justicia, transparencia y un alto a la corrupción. Familias enteras, con banderas mexicanas y sombreros blancos en honor a Manzo, avanzaban en una procesión que prometía ser la primera gran protesta juvenil contra el «Segundo Piso de la 4T». Pero al llegar al corazón del poder, frente a Palacio Nacional, el narcogobierno respondió con saña: encapuchados infiltrados derribaron vallas, pero fueron los uniformados los que escalaron la violencia, lanzando piedras –como la que hirió en la cabeza a Luis Ángel, un manifestante pacífico– y extintores que asfixiaron a decenas.

Testimonios desgarradores inundan las redes –cuando la señal lo permite–: una joven denunció que policías «golpearon a mi hermana y le arrebataron el celular», mientras una mujer en silla de ruedas, como la abuela de Manzo que rodaba en su carrito entre la multitud, fue repelida con gas que la dejó tosiendo en el pavimento. En el Zócalo, a las 14:51 horas, agentes irrumpieron con escudos y porras, dispersando a la muchedumbre con una ferocidad que dejó heridos, detenidos y patrullas destrozadas en represalia. «¡Gobierno opresor!», gritaban los manifestantes, mientras extintores –supuestamente para sofocar vallas incendiadas terminaban en rostros de niños y ancianos. Y para rematar, el uso de tecnología para bloquear señales celulares confirmado por reporteros en el terreno no sólo aisló a las víctimas, sino que facilitó la impunidad: sin videos en vivo, sin llamadas de auxilio, el régimen pudo operar en la sombra, como un cártel que borra sus huellas.

Pero la infamia no se limitó a la capital: la represión se extendió como un virus por los estados, donde el narcogobierno –con su red de gobernadores y policías locales cómplices replicó el guión de terror en ciudades como Monterrey, Puebla, Tijuana, Oaxaca, Veracruz y, de manera particularmente impactante, en Guadalajara. En Nuevo León, manifestantes fueron empujados con escudos antidisturbios cerca del Palacio de Gobierno, dejando contusiones en estudiantes que intentaban entregar un pliego petitorio; en Puebla, gases irritantes dispersaron a un grupo de madres con niños en brazos frente a la Catedral, mientras en Tijuana, detenciones preventivas ahogaron el grito de «¡Justicia para Manzo!» antes de que la marcha tomará fuerza. Oaxaca y Veracruz reportaron golpes a periodistas independientes, con cámaras destrozadas y consignas silenciadas por porras que evocan los viejos tiempos del PRI en la Sierra.

Sin embargo, fue Guadalajara la escena más impresionante y escalofriante de esta orgía represiva: con una asistencia estimada en 20 mil almas, la más masiva fuera de la CDMX, la marcha tapatía, que partió de la Glorieta de los Desaparecidos hacia Casa Jalisco en un mar de blancos y sombreros gigantes en honor a Manzo, se topó con un muro de vallas metálicas y granaderos que no dudaron en cargar contra el contingente. Dos reporteros de TV Azteca Jalisco resultaron heridos graves uno con fractura en el brazo y el otro con laceraciones faciales– tras ser golpeados y rociados con gas mientras cubrían el minuto de silencio por las víctimas de la violencia nacional. Testigos oculares describen cómo policías encapuchados lanzaron piedras y botellas contra la multitud pacífica, hiriendo a una docena de jóvenes y ancianos que alzaban banderas de One Piece; una abuela en silla de ruedas fue arrastrada por el pavimento, mientras niños tosían en medio de nubes químicas. «¡No a la violencia, pero el gobierno nos la impone!», gritaba una estudiante antes de ser detenida arbitrariamente. A pesar de la solemnidad con himno nacional entonado y consignas como «Fuera Morena, fuera el narcoestado» resonando frente a Casa Jalisco, las autoridades locales, alineadas con la 4T, optaron por la confrontación: vallas derribadas en represalia, patrullas vandalizadas y un saldo de al menos 15 heridos que clama por justicia. Esta masacre en la Perla Tapatía no solo impresionó por su escala 20 mil voces ahogadas en humo y sangre, sino por su cinismo: en una ciudad azotada por el CJNG, el gobierno estatal fingió «saldo blanco» mientras los hospitales se llenaban de víctimas de sus propias fuerzas.

Esta orgía de represión no es un lapsus, sino el rostro hidráulico de un narcogobierno que aborrece las protestas porque prefiere proteger a los suyos con pruebas irrefutables de corrupción. ¿Recuerdan el caso de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación y delfín fallido de la 4T? En julio de 2025, estalló el escándalo de sus vínculos con «La Barredora», la célula criminal liderada por Hernán Bermúdez su excolaborador en Tabasco, con más de 70 denuncias por nexos con el CJNG, avales notariales a empresas de contrabando de combustible y beneficios millonarios a familiares en casinos y obras públicas irregulares. López Hernández, con ingresos no declarados por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, evade la justicia mientras Morena balbucea que «no hay intocables». ¿Y los hijos de AMLO? Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo y José Ramón conocidos como «El Clan» figuran en amparos de septiembre de 2025 contra capturas por huachicol fiscal, junto a 14 cómplices incluyendo sobrinos de altos mandos militares y empresarios como Fernando Farías Laguna, en una red que lava dinero del narco a través de contratos con Pemex y el Ejército. Sheinbaum, en un supuesto «mensaje oculto», les advirtió: «Con su padre, respeto; pero cuídense o el movimiento no los respalda», según revelaciones periodísticas de octubre. ¿Protección? Más bien un escudo para que el nepotismo y el enriquecimiento ilícito sigan impunes, mientras el pueblo paga con sangre.

Lo más indignante: este grado de violencia estatal es inédito en la era democrática post-2000. Bajo gobiernos priistas, como el de Vicente Fox o Felipe Calderón (PAN), o incluso el de Enrique Peña Nieto (PRI), marchas masivas contra la inseguridad –como las de 2004, 2008 o 2011 por México Unido Contra la Delincuencia transcurrieron con tensión, pero sin este salvajismo desmedido. En 2004, AMLO entonces jefe de Gobierno criticó las «marchas de pirruris», pero no hubo gaseos masivos ni bloqueos digitales; en 2011, tras Ayotzinapa, Peña Nieto dialogó en lugar de reprimir con extintores a abuelas en sillas de ruedas. 

Hoy, la 4T que prometió «abrazos, no balazos» ha escalado a un autoritarismo que eclipsa incluso al PRI de los 70, con vallas soldadas frente a Palacio Nacional y un operativo de seguridad que parece más una emboscada narco que una respuesta civilizada.

La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012 jóvenes de 13 a 28 años que no vivieron el #YoSoy132 ni las calles del 68, debutó hoy en la protesta masiva con un pliego de 12 demandas: revocación de mandato, reformas judiciales, transparencia total y fin a la concentración de poder. Pero el narcogobierno, respaldado por una «campaña de desinformación» que Sheinbaum achaca a la oposición y al empresario Salinas Pliego (con supuestos 90 millones invertidos), prefirió el garrote al guante de seda. ¿Hasta cuándo? La sangre de hoy de estudiantes gaseados, madres golpeadas y abuelos ahogados en humo químico, desde el Zócalo hasta las calles de Guadalajara clama por un México donde las voces juveniles no se ahoguen en la represión, sino que transformen un régimen podrido por dentro.

Mientras el Zócalo se limpia de gas y escombros, una pregunta quema: ¿es este el «segundo piso» de la transformación, o el sótano del terror estatal? La Generación Z no se detendrá; el pueblo, tampoco. Los mexicanos exigimos justicia, no más balas envueltas en promesas.