Estado de México

La conciencia tardía del Congreso

Una vez más, el Congreso del Estado de México parece despertar de golpe ante una realidad que lleva años frente a sus ojos: la niñez vive en peligro, y el Estado llega tarde a protegerla.

Fernanda Ruíz

Esta semana, los diputados locales aprobaron una reforma al Código Civil para que la reparación del daño por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible. Un avance necesario, sin duda. Pero también una muestra de la costumbre política más arraigada en el poder: actuar solo cuando el tema se vuelve noticia o cuando la Suprema Corte dicta el camino.

Porque la verdad es que esta modificación no nace de una voluntad legislativa profunda, sino de una sentencia judicial del pasado junio, en la que la Corte ya había determinado la imprescriptibilidad de estos casos. Los legisladores simplemente alinearon la ley estatal a una decisión que, en los hechos, ya los rebasaba.

Durante años, el Código Civil mexiquense impuso un plazo de apenas dos años para reclamar daños por violencia sexual infantil. Dos años para que una víctima —muchas veces confundida, silenciada o amenazada— pudiera comprender lo sucedido, procesarlo y atreverse a denunciar. Dos años para enfrentar un sistema de justicia que, en la mayoría de los casos, no la escucharía.

Y mientras tanto, el Congreso miraba hacia otro lado.

Hasta que el tema llegó a los medios, hasta que la Corte habló, hasta que el costo político de no hacer nada se volvió más alto que el de aprobar una reforma.

Hoy los diputados se felicitan por “combatir la impunidad” y “proteger los derechos de la niñez”. Pero lo cierto es que las leyes más nobles no bastan cuando llegan tarde y sin política pública que las sostenga. No hay reformas que valgan si el Estado no garantiza atención psicológica, acompañamiento legal, ni protocolos que prevengan la violencia antes de que ocurra.

La verdadera deuda no está en los códigos, sino en la falta de acción constante.

Porque la infancia no necesita discursos conmemorativos ni reformas reactivas: necesita un Estado que la mire todos los días, no solo cuando el escándalo obliga a hacerlo.

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