Bloqueos Carreteros por Productores Agrícolas Paralizan el Bajío y Más Estados: Exigen Precios Justos Ante Crisis de Costos y Extorsiones
- Posición del Gobierno Federal y Estatales: Diálogo Abierto, pero sin Acuerdo
- Daños a la Sociedad, Industria y Comercio
- Pérdidas Millonarias y Cadenas de Suministro Rota
Staff
Toluca, México, 28 de octubre de 2025 – Por segundo día consecutivo, productores campesinos y transportistas de productos agrícolas mantienen bloqueos en al menos 17 estados del país, en el marco del Paro Nacional de Agricultores convocado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC). Las protestas, que iniciaron el lunes 27 de octubre, responden a la falta de respuesta del gobierno federal ante la crisis de precios de garantía para el maíz y sorgo, agravada por el alza en costos de producción, transporte y extorsiones del crimen organizado, lo que deja a los agricultores sin márgenes de ganancia. Los manifestantes denuncian que el precio actual de la tonelada de maíz no transgénico, que oscila entre 4,500 y 6,000 pesos según la región, no cubre los gastos operativos. Según líderes como Álvaro López Ríos de la UNTA, una hectárea requiere una inversión de hasta 60,000 pesos, con rendimientos promedio de 10 toneladas, pero la rentabilidad nacional ha caído del 50% en 2022 al 12% en 2025, según un análisis del Grupo de Monitoreo del Campo Agrícola (GMCA).
A esto se suman los «impuestos al crimen organizado», como extorsiones y cobros de piso, que en regiones como Michoacán han cobrado vidas, incluyendo el reciente asesinato del líder Bernardo Bravo en ese estado.
«El costo de producción más el transporte y la inseguridad ya no nos deja nada. Exigimos 7,200 pesos por tonelada para sobrevivir», afirmó un productor de Jalisco durante una manifestación en la carretera Guadalajara-Colima. Los bloqueos, inicialmente parciales para permitir el paso de vehículos particulares y emergencias, se han intensificado a cierres totales en varios puntos, afectando casetas de cobro y autopistas clave. En el Bajío, epicentro de la producción de maíz, se reportan al menos 10 cierres en Guanajuato, como la carretera León-Silao (a la altura del Puerto Interior) y el trébol de Valtierrilla en Salamanca.
En Jalisco, nueve puntos viales permanecen obstruidos, incluyendo el km 40 de la carretera Guadalajara-Morelia y la caseta de Ocotlán en la Autopista México-Guadalajara.
Michoacán suma cuatro tomas de casetas en la Autopista de Occidente (Maravatío-Zapotlanejo), con más de 20 horas de cierre en la Morelia-Guadalajara, dejando varados a cientos de viajeros sin agua ni alimentos.
Otros estados afectados incluyen Sinaloa (toma de tres casetas), Chihuahua, Tamaulipas (carretera Matamoros-San Fernando), Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala (carretera México-Veracruz en Nanacamilpa), Estado de México (caseta El Dorado en Ixtapaluca), Colima, Chiapas, Puebla y Guerrero (Autopista del Sol en Puente Campuzano).
En la Ciudad de México, un grupo de campesinos intentó forzar la entrada a la Secretaría de Gobernación (Segob) tras romper negociaciones, dejando lonas con demandas como «rescate al campo mexicano» y salida de granos básicos del TMEC.
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene mesas de diálogo abiertas. Durante la conferencia matutina del 28 de octubre, Sheinbaum anunció que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, se reunirá nuevamente el jueves con líderes de Michoacán, Jalisco y Guanajuato para discutir «varios temas relacionados con el campo».
Berdegué propuso un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco para esos tres estados –un 25% por encima del precio internacional–, más un crédito al 8.5% de interés anual con seguro agrícola.
Sin embargo, los productores lo rechazaron como «burla e insulto», argumentando que no compensa la competencia desleal con importaciones de EE.UU. (822 mil toneladas de maíz blanco de enero a septiembre de 2025) ni las extorsiones.
A nivel estatal, los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato coordinan con la federación para mediar, liberando carriles en algunos puntos como León-Silao tras peticiones de autoridades locales.
En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz reportó la liberación de cinco bloqueos al mediodía del martes, pero persisten al menos 10 más.
En Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Paz desplegó vigilancia en casetas para evitar incidentes, como la riña en Atotonilco el Alto, Jalisco.
Gobiernos como el de Guerrero y Morelos (bloqueo en Autopista Siglo XXI, Amilcingo) piden rutas alternas y reportan presencia de la Guardia Nacional.
Los bloqueos han generado caos vial y pérdidas económicas incuantificables, según la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA), que representa a 450 empresas logísticas. En Guanajuato, solo en las primeras 24 horas, se estiman pérdidas superiores a 50 millones de pesos para el sector industrial, con retrasos en entregas de mercancías perecederas y cadenas de suministro automotriz.
En Jalisco, transportistas de supermercados como Chedraui reportan evidencias de demoras a Manzanillo, afectando importaciones y exportaciones.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advierte que estos cierres, sumados a la inseguridad, redujeron el volumen de mercancía en carretera hasta un 20% en 2025, impactando industrias como la automotriz y el acero.
A nivel social, cientos de familias están varadas: en la Morelia-Guadalajara, pasajeros de autobuses ETN duermen en vehículos sin provisiones, con quejas de «desesperación por hambre y sed».
En Guanajuato, se suspendieron clases en planteles de Irapuato y Salamanca, optando por educación en línea.
El Aeropuerto Internacional de Guanajuato opera, pero con accesos saturados.
En total, los cierres afectan el abasto nacional, con riesgos de escasez en alimentos y aumentos en precios al consumidor.
Una Crisis que Exige Soluciones Urgentes; El Paro Nacional de Agricultores pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector primario mexicano, atrapado entre tratados comerciales como el TMEC –que fijan precios a la Bolsa de Chicago– y amenazas internas como la inseguridad rural, que paraliza ganancias y pone en riesgo vidas.
Mientras el gobierno federal insiste en el diálogo y propone incentivos, los productores ven en los 6,050 pesos una oferta insuficiente que ignora años de abandono. Las repercusiones podrían ser graves; si los bloqueos se extienden a 24 estados como amenazan los líderes, se prevé un colapso logístico mayor, con pérdidas acumuladas en miles de millones de pesos, interrupciones en el comercio exterior y un impacto social que agrave la polarización rural. Urge una política integral que regule importaciones, combata extorsiones y garantice rentabilidad, para evitar que el «campo en ruinas» derive en una crisis alimentaria nacional.
Sin acción inmediata, la «lucha sigue y arrecia», como advierten los manifestantes.
