Deslizamientos de tierra en el Edoméx: balance de atención, pero con retos de prevención estructural
Si bien el Gobierno del Estado de México puede justificar una buena capacidad de respuesta operativa, la prevención estructural sigue siendo el talón de Aquiles de la gestión del riesgo geológico.
FIRR
Toluca, Méx., 15 de octubre de 2025
El Estado de México ha registrado 45 deslizamientos de tierra, lodo o rocas en lo que va del año, concentrados en 24 municipios, de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría General de Gobierno. Aunque las autoridades han respondido con una cobertura del 100 % de los incidentes —según lo informado—, la recurrencia de estos fenómenos evidencia un riesgo estructural persistente en la zona sur del estado y la necesidad urgente de avanzar de la reacción a la prevención integral.
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo ha desplegado personal técnico y operativo en cada incidente, lo que permitió evitar pérdidas humanas y materiales mayores. Entre las acciones reportadas se incluyen 26 apoyos técnicos especializados, ocho sobrevuelos con dron y un curso regional sobre remoción en masa impartido recientemente en Coatepec Harinas.
Estos esfuerzos son valiosos, sobre todo en un contexto de recursos limitados y alta vulnerabilidad geográfica. Sin embargo, el balance general revela una respuesta reactiva más que preventiva, enfocada en contener los efectos, no en modificar las condiciones estructurales que los generan.
La frecuencia de estos eventos no es menor. El sur del Edoméx, por su topografía accidentada, lluvias intensas y uso del suelo poco regulado, ha sido históricamente propenso a remociones en masa. Municipios como Ixtapan de la Sal, Zumpahuacán, Joquicingo y Sultepec enfrentan una combinación de riesgo natural y vulnerabilidad social.
El dato más preocupante es que, en apenas 10 meses, se han acumulado 45 deslizamientos. Esto podría ser un síntoma de mayores presiones ambientales, posiblemente ligadas al cambio climático, la deforestación o el crecimiento urbano no planificado.
Uno de los logros destacados por la autoridad es la capacitación al personal de nueve municipios mediante talleres como “Procesos de Remoción en Masa”. Esta estrategia es clave para fortalecer las capacidades locales. No obstante, se desconoce si estas acciones se están integrando a planes de ordenamiento territorial, a protocolos actualizados o a sistemas de alerta temprana eficaces.
Sin un enfoque transversal que involucre áreas como desarrollo urbano, obras públicas, medio ambiente y educación, la capacitación corre el riesgo de convertirse en una actividad aislada, sin impacto real en la reducción del riesgo.
El comunicado oficial, aunque informativo, no ofrece datos clave como el número total de personas desplazadas, viviendas afectadas, costos estimados de los daños ni mapas actualizados de zonas de riesgo. Esta opacidad limita el análisis ciudadano y el diseño de políticas basadas en evidencia.
Asimismo, no se menciona si existen evaluaciones de riesgo actualizadas o si los Atlas de Riesgo Municipales están vigentes y funcionales, como exige la ley.
Si bien el Gobierno del Estado de México puede justificar una buena capacidad de respuesta operativa, la prevención estructural sigue siendo el talón de Aquiles de la gestión del riesgo geológico.
La atención del 100 % de los casos es una cifra alentadora, pero no puede ocultar la necesidad de invertir más en planeación urbana sostenible, restauración ambiental, reubicación de asentamientos en zonas de riesgo y fortalecimiento institucional.
Los deslizamientos de tierra no son eventos fortuitos, son fenómenos naturales que se vuelven desastres cuando impactan a poblaciones no protegidas. Evitarlos no depende del clima, sino de las decisiones públicas.
