POR: EL HUSMEADOR

¡ALERTAS FALLIDAS, MUERTES EVITABLES ¡
- ¡GOBIERNO PARALIZADO, DÍAS DE BUROCRACIA MIENTRAS EL AGUA SE LLEVA TODO!
- ¡RIDÍCULO ESTATAL, EL CJNG LLEGA PRIMERO CON DESPENSAS, EL GOBIERNO CON FORMULARIOS!
- ¡RECONSTRUCCIÓN IMPOSIBLE, 100 MIL HOGARES EN RUINAS Y UN PAÍS SIN FUTURO HIDRÁULICO!
En el corazón del Centro y el Este de México, donde los ríos se convirtieron en bestias furiosas y los cielos descargaron un castigo bíblico, la tragedia de las inundaciones de octubre de 2025 no solo se mide en metros cúbicos de agua o pesos en daños materiales. Se cuenta en vidas truncadas: 64 muertos confirmados y al menos 65 desaparecidos, según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) este martes 14 de octubre.
Veracruz lidera el conteo macabro con 29 fallecidos y 18 no localizados; Hidalgo sigue con 21 muertos y 43 en el limbo de los escombros y el lodo.
Pero detrás de estas cifras heladas yace una verdad demoledora: los mecanismos de alertamiento a la sociedad civil en estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí fallaron estrepitosamente, dejando a comunidades enteras a merced de un desastre previsible. En redes sociales vemos fotos y videos de familias en Tihuatlán o Poza Rica, Veracruz, donde las precipitaciones alcanzaron los 280 milímetros en un solo día el 8 de octubre.
Alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sí existieron, pero llegaron tarde o no permeaban: sirenas mudas, apps de emergencia sin batería en zonas rurales, y sistemas locales de altavoces oxidados por años de negligencia. En Hidalgo, 28 municipios –23 de ellos gravemente golpeados– reportaron comunidades incomunicadas durante horas críticas, donde un simple mensaje de WhatsApp o un megáfono podría haber salvado vidas.
La CNPC admitió que solo el 13 de octubre, cuando el agua ya lamía los techos, se activaron protocolos plenos, pero para entonces, deslaves en la Sierra Norte de Puebla habían sepultado hogares enteros, dejando ocho desaparecidos confirmados solo en ese estado.
Expertos en gestión de riesgos, como los del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), denuncian que México carece de un Sistema Nacional de Emergencias unificado desde la desaparición del Fonden en 2021, lo que fragmenta las alertas entre federación, estados y municipios.
En Querétaro, con un muerto y ocho municipios inundados, la sociedad civil –organizaciones vecinales y colectivos locales– tuvo que improvisar evacuaciones con canoas caseras porque las radios comunitarias no recibieron fondos para modernizarse.
«Es una ruleta rusa con vidas humanas», resume un activista de Protección Civil en San Luis Potosí, donde 12 municipios sufrieron daños sin un solo muerto, pero solo por la suerte de no haber estado en el epicentro. Esta ineficiencia no es casual: presupuestos recortados en prevención –apenas 16 mil millones de pesos disponibles para desastres en 2025– priorizan la extinción de fuegos post-facto sobre la construcción de diques informativos que avisen a tiempo.
Mientras el lodo engullía vehículos y derribaba puentes, el gobierno federal pareció congelado en un limbo administrativo. Las lluvias iniciaron el 6 de octubre, pero el Plan DN-III-E y el Plan Marina –los caballos de batalla de auxilios militares– no se desplegaron a plena capacidad hasta el 11, cuando ya se contaban 41 muertos iniciales.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Veracruz el 12, recibiendo reclamos furiosos de damnificados en Poza Rica: «¿Dónde está la ayuda? ¡Mis hijos no salen del agua desde el jueves!», gritó una madre, mientras estudiantes de la Universidad Veracruzana protestaban por clases no suspendidas a tiempo.
La tardanza es criminal. El censo de viviendas afectadas –estimadas en 100 mil– solo arrancó el 13 de octubre, con «Servidores de la Nación» casa por casa para entregar apoyos que podrían tardar semanas en materializarse.
En Hidalgo, protestas frente al Palacio de Gobierno en Pachuca exigieron «celeridad» para zonas incomunicadas, donde 43 desaparecidos –muchos niños– yacen bajo escombros sin rastro.
La Secretaría de Infraestructura reporta 1.056 km de carreteras federales dañadas, con solo 664 km rehabilitados al 13 de octubre; la CFE, 320 mil usuarios sin luz, con un 75% restaurado a medias.
¿Y los programas de auxilio? Despensas federales: 34 mil distribuidas por 8.300 elementos del Ejército y Guardia Nacional, pero concentradas en albergues lejanos, ignorando la desconfianza de la sociedad civil que prefiere donativos directos por miedo a la corrupción.
Esta centralización burocrática –»toda ayuda vía gobiernos locales», como ordenó Sheinbaum– ha sido un fracaso estruendoso. En Veracruz, centros de acopio improvisados por la sociedad civil en Xalapa recolectan lo que el Estado no entrega a tiempo, mientras la mandataria promete «dar el alma» sin especificar plazos.
La desaparición del Fonden deja al país sin un colchón financiero ágil; ahora, seguros catastróficos por 5 mil millones cubren lo mínimo, forzando a estados como Puebla a rascar 200 millones de su bolsillo para la Sierra Norte. Es una respuesta reactiva, no proactiva: mientras el agua baja, el gobierno sube papeles.
En este vacío de autoridad, irrumpe lo impensable: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ese monstruo del narco, se erige como «salvador» con una eficiencia que humilla al Estado. Desde el domingo 12 de octubre –cuando las inundaciones aún rugían–, videos virales en redes sociales muestran a encapuchados armados descargando despensas en Tihuatlán, Veracruz: «¡De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación!», gritan mientras filas de damnificados reciben bolsas con enlatados, papel higiénico y azúcar, etiquetadas con el logo del cártel y diablillos tridentudos.
Los clips, subidos presumiblemente por el mismo CJNG –como en operativos pasados de «filantropía narco» durante COVID o huracanes–, capturan camionetas blindadas en calles anegadas, repartiendo víveres con una prontitud quirúrgica: materiales de limpieza, agua embotellada y kits básicos que llegan casa por casa, sin colas eternas ni trámites.
En contraste, el gobierno federal anuncia censos para el lunes y despensas «este fin de semana», mientras Sheinbaum duda de la «autenticidad» de los videos: «No tenemos certeza de que sean de las zonas reales».
¡Ridículo! El cártel, con su red logística de contrabando, actúa en horas; el Estado, con su mantra de centralización, genera desconfianza y filas burocráticas que alejan a la sociedad civil, harta de promesas evaporadas. Esta «ayuda narco» no es altruismo: es propaganda letal. El CJNG, expandiéndose en el Golfo, compra lealtades en comunidades marginadas donde el Estado es un fantasma. Videos como estos –con sicarios gritando «¡Apúrense, que nos vamos rápido!»– ridiculizan al gobierno, exponiendo su lentitud como un chiste cruel. En un país donde la sociedad prefiere donativos directos por temor a desvíos, esta irrupción criminal agrava la fractura: ¿quién protege mejor, el Ejército con planes DN-III o el Mencho con despensas express?
El saldo material es un grito de auxilio ignorado: 100 mil viviendas afectadas, 308 escuelas colapsadas en Hidalgo, 51 derrumbes en Veracruz y 25 vías de comunicación cortadas. En Puebla, la Sierra Norte llora 16 mil hogares lodosos; en Veracruz, 42 comunidades aisladas claman por puentes reconstruidos que podrían costar miles de millones. La CMIC estima pérdidas anuales por inundaciones urbanas en 4 mil millones de pesos, pero este 2025, con suelos saturados por sequías previas y cambio climático acelerado, el reto es titánico: modernizar drenajes de 50 años de antigüedad, restaurar humedales y urbanizar con «infraestructura verde» como parques inundables.
Sin Fonden, la reconstrucción depende de asignaciones anuales volátiles y seguros insuficientes, dejando a México vulnerable a un ciclo vicioso: sequías letales un año, diluvios mortales al siguiente. Expertos urgen un nuevo fondo, con énfasis en prevención: 35% de hogares veracruzanos sin drenaje adecuado, según INEGI. El gran reto no es solo barrer el lodo, sino replantear un país que no ahogue a su gente. ¿Aprenderá el gobierno de esta humillación, o esperará el próximo río de muerte?
Señora presidenta con A: no más alertas fallidas, no más tardanzas, no más narcos como héroes. Es hora de actuar, no de prometer.
