Congreso mexiquense confronta cifras y realidad del desarrollo económico: persisten la informalidad y la precariedad laboral.
Ruth Salinas Reyes de MC fue contundente: más del 90 por ciento de los microemprendimientos no sobreviven más de un año, lo que refleja un entorno económico adverso y una falta de acompañamiento institucional.
Fernanda Ruíz
Toluca, Méx., 8 de octubre de 2025. Aunque el gobierno estatal presume estabilidad económica, atracción de inversiones y generación de empleos, la realidad que enfrentan millones de mexiquenses dista de reflejar ese optimismo. Así lo evidenció la comparecencia de la secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, ante el Congreso local, donde legisladores de oposición y oficialismo confrontaron visiones sobre los resultados del segundo año de la administración de Delfina Gómez Álvarez.
Durante la sesión, las bancadas de Morena, PVEM y PT defendieron los avances del Ejecutivo, destacando la llegada de 2 mil 600 millones de pesos en inversión extranjera, la generación de más de 138 mil empleos y la supuesta salida de 1.9 millones de mexiquenses de la pobreza. Sin embargo, PRI, PAN, MC y PRD cuestionaron que esos logros contrastan con la alta informalidad laboral, la falta de seguridad social, la extorsión a empresarios y el estancamiento del crecimiento económico, que apenas alcanzó un 2 por ciento, situando al Estado de México en el lugar 23 a nivel nacional.
El diputado priista Alejandro Castro Hernández reveló que seis de cada diez trabajadores no cuentan con seguridad social, mientras que cinco millones de personas laboran en la informalidad. A ello se suma la limitada cobertura de los créditos Colibrí Emprende, que han beneficiado apenas a 495 unidades económicas en tres municipios, pese a que existen más de 700 mil negocios en la entidad.
Desde el PAN, la legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez alertó sobre el crecimiento de giros ilegales y clandestinos, y la falta de incentivos para descentralizar la inversión más allá del Valle de Toluca y el corredor industrial de Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán. “No se puede hablar de competitividad si la infraestructura es deficiente y la inversión se concentra en pocas regiones”, advirtió.
De Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes fue más contundente: más del 90 por ciento de los microemprendimientos no sobreviven más de un año, lo que refleja un entorno económico adverso y una falta de acompañamiento institucional. Cuestionó también la baja remuneración salarial y la dependencia creciente de los programas sociales como paliativo ante la falta de oportunidades.
El PRD, por voz de Omar Ortega Álvarez, subrayó que “la estabilidad económica que presume el gobierno se sostiene más en discursos que en resultados”. El legislador denunció que dos de cada tres negocios cierran por extorsión, un fenómeno que inhibe la inversión local y que, pese a los esfuerzos anunciados, continúa sin control.
Frente a las críticas, la secretaria Laura González Hernández defendió que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en generación de empleos formales, logro que no se registraba desde hace 27 años. También destacó el avance de la entidad al segundo lugar nacional en inversión extranjera directa. Reconoció, no obstante, que los indicadores de competitividad dependen no solo de la economía, sino de factores sociales, de infraestructura y seguridad.
González Hernández informó que se trabaja con el Congreso en una nueva Ley de Unidades Económicas, que pretende homologar requisitos municipales y simplificar trámites para fomentar la apertura de empresas. Asimismo, solicitó un incremento presupuestal para 2026, con el argumento de fortalecer los programas de apoyo a emprendedores.
Pese a los anuncios, la comparecencia dejó al descubierto un contraste profundo entre los números oficiales y la realidad cotidiana de millones de trabajadores que subsisten sin seguridad social, con empleos precarios y bajo el riesgo constante de extorsión.
Mientras el gobierno celebra indicadores macroeconómicos, los retos estructurales —como la desigualdad, la informalidad y la falta de protección a las pequeñas empresas— continúan sin una estrategia clara ni resultados visibles
