Violencia oficial en Toluca: represión contra comerciantes, reporteros y manifestantes en la marcha del 2 de octubre.
¿Se trató realmente de un operativo de protección, o de un acto de represión avalado desde la presidencia municipal?
Fernanda Ruíz
Toluca, Méx., 3 de octubre de 2025. — La conmemoración del 2 de octubre en Toluca terminó marcada por la violencia no solo de un grupo de encapuchados que vandalizó negocios y quemó una patrulla, sino sobre todo por la actuación desmedida de la policía municipal, acusada de golpear a diestra y siniestra a comerciantes, manifestantes y reporteros que nada tenían que ver con los disturbios.
Diversos medios documentaron que, lejos de focalizarse en quienes provocaban los daños, los cuerpos de seguridad municipal encapsularon y arremetieron contra la multitud, generando escenas de caos que recordaron más a un acto de represión que a un operativo de protección. Periodistas que daban cobertura resultaron heridos, y comerciantes del centro histórico denunciaron haber sido alcanzados por golpes y empujones, en un operativo que no distinguió entre violentos y población civil.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ya abrió una investigación de oficio para esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos, mientras que colectivos estudiantiles y ciudadanos calificaron el operativo como un acto autoritario.
Un discurso oficial que minimiza las agresiones
Pese a las denuncias, el Ayuntamiento de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, emitió un comunicado en el que justificó el actuar de la policía bajo el argumento de “proteger a la ciudadanía” de un grupo de encapuchados armados con palos, tubos y bombas Molotov. En su mensaje, el alcalde aseguró que el cerco preventivo fue “necesario, legal y en defensa de la paz y la seguridad”.
Sin embargo, en su posicionamiento, el gobierno municipal omitió cualquier mención a los comerciantes, reporteros y ciudadanos agredidos, reduciendo el problema a una confrontación entre policías y encapuchados. Para organizaciones sociales, este silencio no solo encubre la violencia institucional, sino que evidencia que el Ayuntamiento pretende legitimar un uso excesivo de la fuerza bajo el discurso de la “responsabilidad” y la “prevención”.
Señalamientos de autoritarismo; mientras el gobierno municipal defiende su “firmeza”, en las calles el saldo es de lesionados, miedo y enojo ciudadano. Colectivos estudiantiles acusaron que el operativo fue una réplica en menor escala de lo ocurrido en 1968: el poder político respondiendo con represión a la protesta social.
“Decir que fue un operativo legal y necesario es un insulto a quienes fueron golpeados sin razón”, reclamó un grupo de jóvenes universitarios que participó en la marcha.
El contraste entre la versión oficial y los testimonios ciudadanos coloca al Ayuntamiento de Toluca bajo un creciente escrutinio: ¿se trató realmente de un operativo de protección, o de un acto de represión avalado desde la presidencia municipal?
