Estado de México

Médicos del Estado de México bajo fuego: Demandas injustas por el desabasto de medicamentos desde la pandemia

Por: Redacción

Toluca, Estado de México, 01 de julio  de 2025 – Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los 

médicos tratantes del sector salud del Estado de México enfrentan un problema alarmante: 

demandas legales por la falta de medicamentos, un asunto que no está bajo su control. La crisis de desabasto, agudizada desde 2019 por políticas públicas mal diseñadas y la caótica transición al 

sistema IMSS-Bienestar, ha colocado a los profesionales de la salud en una posición de 

vulnerabilidad, cargando con responsabilidades que corresponden a las autoridades estatales y federales. A pesar de que el desabasto es un problema sistémico, los médicos son señalados como responsables, lo que genera un ambiente de injusticia y desmoralización en el sector.

El origen de la crisis: Desabasto y sus consecuencias

El desabasto de medicamentos en México no es un fenómeno nuevo, pero se intensificó a partir de 2019 debido a cambios en las políticas de adquisición de medicamentos. La eliminación del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado en 2020. 

Posteriormente, en 2022, el INSABI fue reemplazado por el programa IMSS-Bienestar, que han resultado ser un fracaso, igual que el programa anterior. La centralización de compras consolidadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la eliminación del modelo previo liderado por el IMSS generaron un colapso en la cadena de suministro. Según un análisis de Impunidad Cero y Justicia Justa, en 2019, el 62% de las claves de medicamentos quedaron desiertas en las licitaciones, lo que marcó el inicio de una crisis que se agravó con la pandemia.  

En el Estado de México, esta situación ha sido particularmente grave. El Colectivo Cero Desabasto reportó que, entre 2019 y 2021, el Estado de México fue la segunda entidad con más denuncias por desabasto, con un 9% del total nacional, solo detrás de la Ciudad de México (El Financiero, 26-07-2021). En 2022, las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por falta de medicamentos en el sector salud público a nivel nacional crecieron un 170% desde 2018, alcanzando 1,732 casos, muchos de los cuales afectaron al Estado de México (El Financiero, 02-08-2023).  

Médicos en la mira: Demandas por desabasto

A pesar de que el desabasto es consecuencia de decisiones administrativas no oportunas y logísticas de las autoridades, los médicos tratantes del Estado de México han enfrentado un aumento en demandas legales por parte de pacientes y sus familias. 

Estas demandas suelen alegar negligencia médica o falta de atención adecuada, cuando en realidad el problema radica en la ausencia de

medicamentos e insumos esenciales. “Nos demandan porque no hay medicinas, pero nosotros no manejamos las compras y el inventario. Es como culpar al piloto porque el avión no tiene combustible”, expresó un médico del Centro Médico ISSEMyM Toluca en una entrevista anónima (El Sol de Toluca, 16-06-2025). Claramente en el caso del ISSEMYM que es un organismo desconcentrado del gobierno mexiquense, la responsabilidad y la culpabilidad del desabasto es realmente de La Coordinación de Administración y Finanzas de quien depende la Dirección de Adquisiciones y Servicios.

Aunque no existen estadísticas públicas específicas sobre demandas contra médicos tratantes en el Estado de México, el Colectivo Cero Desabasto reportó un aumento del 950% en amparos legales por desabasto de medicamentos a nivel nacional entre 2018 (220 casos) y 2021 (2,307 casos), muchos de los cuales derivaron en señalamientos contra médicos (El Financiero, 03-08-2023). En el Estado de México, el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Centro Médico ISSEMyM 

Toluca han sido señalados como focos de quejas, con reportes de pacientes que recurrieron a amparos por la falta de tratamientos oncológicos y para enfermedades crónicas (Capital Estado de México, marzo 2025).  

Un caso emblemático ocurrió en 2021, cuando familiares de pacientes con cáncer en el Hospital Regional de Toluca del IMSS, presentaron un amparo colectivo contra médicos tratantes, 

argumentando que la interrupción de quimioterapias debido al desabasto de vincristina y otros medicamentos oncológicos causó un deterioro en la salud de los pacientes. Aunque el amparo fue resuelto a favor de los demandantes, los médicos fueron señalados como responsables en los expedientes, a pesar de que el desabasto fue causado por fallas en la licitación federal (The Washington Post, 15-02-2021).  

Impacto en los médicos: Una injusticia sistémica

El incremento de demandas ha generado un ambiente de temor entre los médicos tratantes. 

Según un trabajador del sector salud del Estado de México con más de una década de experiencia, la carencia de medicamentos esenciales, como analgésicos, antibióticos de amplio espectro y 

quimioterapias, prolonga las hospitalizaciones y empeora los resultados clínicos, lo que lleva a los pacientes a culpar directamente a los médicos (El País México, 01-02-2023). Este trabajador, que prefirió permanecer anónimo por miedo a represalias, señaló que el desabasto en hospitales públicos mexiquenses oscila entre un 8% y un 20% del cuadro básico de medicamentos, una situación que se agravó durante la pandemia.  

En 2020, el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reportó un caso similar que ilustra la problemática: la falta de 37 medicamentos oncológicos afectó a 260 pacientes, y los médicos enfrentaron señalamientos legales a pesar de no tener control sobre el 

suministro (The Washington Post, 15-02-2021). Aunque no hay datos específicos para el Estado de México, médicos locales reportan un patrón similar, especialmente en especialidades como 

oncología, cardiología y nefrología, donde la falta de medicamentos de alto costo ha derivado en amparos y quejas formales (El Universal Edomex, 16-06-2025). 

Estadísticas y datos duros: Una crisis documentada

Quejas ante la CNDH: Entre 2019 y 2022, las quejas por desabasto en el Estado de México representaron el 10% del total nacional, con un aumento sostenido desde el inicio de la pandemia (El Financiero, 02-08-2023).  

Amparos legales: A nivel nacional, los amparos por desabasto crecieron de 220 en 2018 a 2,307 en 2021, muchos dirigidos contra médicos tratantes por la falta de tratamientos (El Financiero, 03-08-2023). En el Estado de México, se estima que al menos el 15% de estos amparos involucran a médicos de hospitales como el ISSEMyM y el ISEM (Capital Estado de México, junio 2025).  

Desabasto en el ISSEMyM: Un informe de Capital Estado de México (marzo 2025) reveló que el 70% de las farmacias del ISSEMyM reportaron desabasto en 2024, afectando tratamientos para enfermedades crónicas y oncológicas, lo que derivó en un aumento de quejas contra médicos.  

Impacto en pacientes: En 2022, el Colectivo Cero Desabasto reportó que más de 15.2 millones de recetas no se surtieron en instituciones públicas a nivel nacional, con el Estado de México como una de las entidades más afectadas (Código F, 01-06-2023).  

Voces desde el frente: Testimonios de médicos

“Nos sentimos atrapados. Si no hay medicamentos, no podemos tratar a los pacientes, pero si no los tratamos, nos demandan. Y las autoridades no nos respaldan”, compartió una oncóloga del Hospital Regional de Toluca en una protesta el 15 de junio de 2025 (El Sol de Toluca, 16-06-2025). Otro médico del ISSEMyM señaló en X (@SaludEdomex, 10-06-2025) que las demandas legales han llevado a algunos colegas a renunciar o a limitar su práctica por miedo a represalias legales.  

Un sistema que falla a sus médicos

Claramente la responsabilidad del desabasto recae en las autoridades.  La responsabilidad no debe recaer en los Médicos tratantes ni en los Directores de las Unidades Médicas, ya que muchas veces son demandados con procedimientos administrativos en su contra transgrediendo lo dispuesto en el artículo 1º Constitucional en el sentido de la obligación que impone a todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. En consecuencia el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establece la Ley. 

La transición al IMSS-Bienestar, iniciada en 2023 en el Estado de México, ha generado confusión administrativa y descoordinación en la distribución de medicamentos.

La “Mega Farmacia” de Huehuetoca, anunciada como solución al desabasto, solo ha cumplido con el 60% de las solicitudes, con tiempos de espera de hasta 26 días en el IMSS-Bienestar (El Economista, 21-05-2024). Mientras tanto, los médicos enfrentan la presión de pacientes desesperados y un sistema judicial que los responsabiliza por fallas estructurales.  

Un llamado a la justicia

Los médicos tratantes del Estado de México no pueden seguir siendo el chivo expiatorio de un sistema de salud colapsado, mientras cientos de médicos cubanos ejercen y trabajan protegidos por un obscuro tratado.  En el Edomex en los reportes más recientes, se sabe que el estado participa en el programa IMSS-Bienestar, implementado desde 2023 bajo la gobernadora Delfina Gómez. Un post en X de @SaludEdomex (10-06-2025) indica que médicos cubanos han sido asignados a zonas rurales del estado, como Valle de Bravo y Tejupilco, pero no se detalla una cifra concreta. Basado en la distribución nacional, se estima que el Estado de México podría contar con 100 a 200 médicos cubanos, considerando su población de 17.73 millones y la necesidad de atención en áreas marginadas (Capital Estado de México, junio 2025). La falta de datos específicos sobre el Edomex refleja la opacidad en la gestión del programa, una crítica recurrente entre los trabajadores locales (El Sol de Toluca, 16-06-2025).

Las autoridades, encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez y la secretaría de Salud, Macarena Montoya Olvera, deben implementar medidas urgentes, como garantizar el abasto de 

medicamentos, Fortalecer la logística de distribución y transparentar las compras consolidadas. Además de proteger a los médicos del sector salud mexiquense ya que es urgente establecer un marco legal que exima a los profesionales de la salud de responsabilidades por el desabasto y 

reforzar el diálogo con el sector, convocar audiencias públicas para atender las demandas de 

médicos y pacientes.  

La Secretaria de la Contraloría y el Órgano Superior de fiscalización deben hacer Auditorías 

efectivas, investigar a fondo las irregularidades en las licitaciones y sancionar a los responsables, no a los médicos.

La salud de los mexiquenses depende de un sistema que funcione, y los médicos no pueden seguir pagando el costo de un problema que no crearon. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y detengan esta injusticia, ¿hasta cuándo señora gobernadora?

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