Ya hay una comunidad autónoma tomando nota del apagón y poniendo medidas para evitarlo: Cataluña
La factura eléctrica ha subido tras el apagón por el sistema de refuerzo, pero el verdadero desafío no está solo en reforzar el sistema, sino en transformarlo. Cataluña lo ha entendido y se ha puesto manos a la obra.
En corto. El Govern de Catalunya ha aprobado por vía de urgencia un nuevo Decreto-Ley con el objetivo de aumentar la resiliencia del sistema eléctrico. La norma introduce reformas tanto en la legislación energética como en la normativa urbanística para facilitar la transición energética. En concreto, modifica el Decreto ley 16/2019, orientado a la emergencia climática, y adapta el marco normativo para dar cabida al almacenamiento energético mediante baterías.
Un propósito doble. Por un lado, agiliza la tramitación administrativa de proyectos de energías renovables. Por otro lado, y de forma pionera, regula la instalación de baterías de gran potencia, tanto independientes (stand alone) como hibridadas con parques solares y eólicos.
Además, el Govern catalán ha decidido otorgar a estas infraestructuras la condición de interés público superior, lo que permite que puedan instalarse incluso en suelo no urbanizable, al equipararlas legalmente con servicios técnicos de utilidad pública. Esta medida responde a una antigua demanda del sector del almacenamiento energético en España, como tuvo lugar en el AEPIBAL Day.
Pisando el acelerador. La Generalitat ha tramitado 94 proyectos de almacenamiento energético mediante baterías. De estos, 87 son independientes y suman 920 MW, mientras que los otros 7 están hibridados con instalaciones renovables y aportan 22 MW adicionales. Cataluña se convierte así en una de las primeras comunidades en crear un marco regulatorio específico para estas tecnologías.
El resto atrapada en un marco obsoleto. Tal como señalaron expertos del sector energético a Xataka, el problema del almacenamiento no solo es técnico, sino también regulatorio y económico. A día de hoy, las baterías que no están ligadas al autoconsumo no pueden participar en los mercados de balance, lo que dificulta su rentabilidad y frena su implementación masiva.
No obstante, más allá de la normativa, el futuro del almacenamiento dependerá también de la evolución tecnológica y económica. Tecnologías como el grid forming, que permite a las baterías estabilizar la red imitando la inercia de las centrales tradicionales, o el desarrollo de microrredes locales capaces de operar de forma autónoma, ya están siendo probadas con éxito.
Han saltado las críticas. El despliegue de baterías también ha despertado resistencias sociales y críticas ecologistas. Según Público, algunos colectivos han advertido del riesgo de que la transición energética se convierta en una nueva forma de extractivismo, sin replantear el modelo de consumo. Concretamente han acusado al proyecto de la empresa coreana Lotte en Mont-roig del Camp. Además, organizaciones como el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) han recordado al mismo medio que la extracción de materiales como litio, tungsteno o sodio depende de minas en países como Chile o Australia, lo que refuerza la dependencia de recursos externos y plantea dilemas ambientales y geopolíticos.
Un mapa aún por definir. Cataluña ha querido adelantarse con una estrategia que busca combinar resiliencia energética, agilidad administrativa e impulso tecnológico. El almacenamiento mediante baterías no es solo una solución técnica: es una pieza imprescindible para equilibrar un sistema cada vez más descentralizado, renovable y expuesto a crisis. El camino está trazado. La pregunta es si el resto de España sabrá —y querrá— seguirlo a tiempo.
Imagen | Unsplash y Tecnologías UniEnergy
