COLUMNA POLITICA EN VIOLETA
El costo de la indignación digital: la justicia que depende de un «clic»
Por: Malva
La tónica del poder frente a la violencia de género en nuestras esferas políticas parece responder a una máxima perversa: lo que no se ve en una pantalla, no existe; y lo que no se vuelve viral, se puede congelar.
El reciente caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, es una radiografía brutal de cómo opera la maquinaria del Estado. No fue la denuncia interna, ni el temor fundado de una académica e ingeniera —la doctora María Felicia Jiménez Lavié—, ni los años de abusos acumulados desde 2022 lo que movilizó la congruencia gubernamental.
Fue la crudeza de un video de cinco minutos en YouTube, registrado por las cámaras de seguridad de su propio hogar en Morelos, lo que obligó al aparato político a reaccionar.
Resulta alarmante constatar que, en pleno 2026 y con una agenda que discursivamente prioriza a las mujeres, la justicia institucional siga siendo reactiva y no proactiva. Tuvo que circular en redes sociales el sometimiento físico y verbal de una mujer, frente a los ojos de su hijo menor de edad, para que la puerta de la administración pública se cerrara definitivamente para el agresor.
De no haber mediado ese «clic» digital que indignó a la opinión pública, el exfuncionario probablemente hoy despacharía con total normalidad como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel). El nombramiento estaba en la mesa; el veto llegó solo cuando el costo político se volvió insostenible.
La contundencia con la que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina, asegurando que «se aplique la ley» y que «no se protegerá a nadie», es el mínimo indispensable que se espera de una jefatura de Estado. Sin embargo, el pronunciamiento tardío —activado solo cuando la ola mediática era ya imparable— deja un mensaje implícito muy peligroso para las miles de mexicanas que no tienen acceso a una cámara de seguridad, que no cuentan con una plataforma para viralizar su dolor o que, legítimamente, temen las represalias económicas y el peso político de sus agresores.
¿Por qué la red de protección institucional solo se activa cuando el escándalo salpica las paredes de Palacio Nacional? ¿Cuántos violentadores de cuello blanco siguen despachando en el servicio público simplemente porque sus víctimas no han subido un video a las redes?
La Fiscalía de la CDMX y la de Morelos tienen ahora la obligación de actuar con impecable rigor legal, no para ofrecer un espectáculo de control de daños, sino para garantizar justicia real a Jiménez Lavié. Aislado de la función pública, Rodríguez Padilla debe enfrentar las consecuencias de sus actos como cualquier ciudadano.
Celebrar que la ley se aplique «caiga quien caiga» es una victoria a medias si la condición para que suceda es la exposición pública del trauma.
La verdadera transformación de la justicia ocurrirá el día en que la palabra de una mujer valga por sí misma, sin necesidad de que un algoritmo valide su derecho a vivir sin miedo.
El mensaje que Morena y la actual administración dejan con este caso es tan claro como aterrador: para el poder, la violencia en el espacio privado solo cobra relevancia y conciencia cuando viene acompañada de un archivo multimedia. Este precedente debe ser una dolorosa lección para todas las mexicanas. Ante un sistema y una Fiscalía que solo reaccionan bajo presión mediática, la consigna parece ser una sola: grabemos.
Grabemos cada agresión, cada amenaza, cada golpe; documentemos el terror digitalmente para ver si así la presidenta Sheinbaum nos hace caso de la misma manera, pronta y expedita. Porque si para recibir justicia hay que viralizarse, las ciudadanas de a pie —esas que no estamos casadas con tipejos cercanos al poder ni salimos en las fotos oficiales con la cúpula— también tenemos derecho a que nos escuchen. Se vale usar las mismas armas de la indignación pública, a ver si así, de pronto, la ley despierta para todas por igual.
