Fiscalía

Detienen a comisario de Jilotzingo y a policías por presunto secuestro exprés

La Fiscalía mexiquense acusa a seis elementos de seguridad de participar en la retención ilegal y extorsión de transportistas; el caso vuelve a poner en foco los controles internos en corporaciones municipales.

Redacción

JILOTZINGO, Estado de México, 28 de abril de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Víctor Martín “N”, quien se desempeñaba como comisario de Seguridad Pública de Jilotzingo, así como contra cinco policías municipales, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de marzo, cuando las víctimas, que transportaban mercancía en un vehículo de carga, fueron interceptadas en la colonia Miguel Tecpan por presuntos elementos policiales. Bajo el argumento de una supuesta infracción, los implicados habrían amagado a los conductores con armas de fuego, exigiéndoles dinero y parte de la carga, además de obligarlos a subir a una patrulla antes de abandonarlos metros más adelante.

La detención de los imputados se dio en un contexto distinto. El pasado 21 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la policía municipal de Tlalnepantla los aseguraron en flagrancia tras un reporte de robo de un camión que transportaba llantas. En ese momento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por encubrimiento por receptación, mientras que el excomisario también fue señalado por cohecho, al presuntamente intentar sobornar a los agentes para evitar la puesta a disposición.

Por este último delito, Víctor Martín “N” ya se encontraba interno en el penal de Tlalnepantla, donde le fue cumplimentada la nueva orden de aprehensión por secuestro exprés. Los otros cinco elementos municipales también fueron presentados ante un juez, quien determinará su situación jurídica en los próximos días.

El caso ha generado preocupación sobre los mecanismos de supervisión y control dentro de las corporaciones de seguridad pública municipales, particularmente en zonas donde el transporte de carga es frecuente y vulnerable a delitos. Especialistas en seguridad han señalado que estos hechos evidencian la necesidad de reforzar los procesos de certificación, evaluación de confianza y seguimiento a mandos policiales.

Autoridades estatales no han emitido posicionamientos adicionales sobre posibles responsabilidades institucionales, mientras que la Fiscalía reiteró que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria.

Este episodio se suma a otros casos recientes que han puesto bajo escrutinio a cuerpos policiales locales, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad continúa siendo un desafío pendiente

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