Medicinas que no llegan: el desabasto en ISSEMyM y la indiferencia institucional
Bajada: Derechohabientes enfrentan farmacias vacías, tratamientos interrumpidos y gastos de su bolsillo, mientras el problema se prolonga sin solución de fondo en el Estado de México.
FIRR
Toluca, Estado de México, abril de 2026. En el ISSEMyM, el acceso a medicamentos se ha convertido en una promesa incumplida. Lo que debería ser un derecho garantizado para trabajadores, pensionados y sus familias hoy depende, en muchos casos, de la capacidad económica individual para comprar fármacos que el propio instituto no suministra.
Las quejas no son nuevas, pero sí cada vez más graves. Desde finales de 2024 y a lo largo de 2025, con continuidad en 2026, el desabasto en farmacias internas y subrogadas ha escalado a niveles que los derechohabientes describen como críticos. Recetas incompletas, entregas parciales o simplemente inexistentes se han vuelto la norma, dejando a miles de pacientes en una situación de incertidumbre constante.
El impacto es doble y profundamente desigual. Por un lado, la salud: pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o que requieren tratamientos continuos ven interrumpidos sus esquemas médicos, con riesgos que van desde el deterioro progresivo hasta complicaciones severas. Por otro lado, la economía familiar: quienes pueden, compran los medicamentos por su cuenta; quienes no, simplemente suspenden su tratamiento.
La inconformidad ha salido de las clínicas y hospitales para instalarse en las calles. En Toluca, así como en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, pensionados y pacientes han protestado frente a instalaciones gubernamentales denunciando que el surtimiento, que ya era limitado, hoy en muchos casos es nulo. La escena se repite: adultos mayores mostrando recetas sin surtir, familiares de pacientes graves exigiendo atención, y autoridades que responden con explicaciones generales pero sin resultados tangibles.
Las causas señaladas en distintos reportes apuntan a problemas estructurales: cambios en los procesos de adquisición, fallas en la planeación, opacidad en contratos y posibles irregularidades en la asignación de proveedores. A ello se suman retrasos presupuestales y decisiones administrativas que, lejos de resolver el problema, parecen haber profundizado.
Sin embargo, más allá de las explicaciones técnicas, el problema central es político y de gestión: no existe, hasta ahora, una estrategia integral y transparente que garantice el abasto continuo de medicamentos en todas las unidades. Los anuncios de mejora han sido parciales, temporales o insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
En el Congreso mexiquense se han planteado iniciativas para que el instituto reembolse a los derechohabientes los gastos en medicamentos no surtidos. La propuesta reconoce implícitamente el fallo del sistema, pero también revela su límite: trasladar el costo al paciente, aunque sea de forma temporal, no resuelve el desabasto, solo lo administra.
El caso del ISSEMyM refleja un patrón más amplio en el servicio público estatal: la reacción llega tarde y, con frecuencia, bajo presión social. Mientras tanto, los derechohabientes quedan atrapados entre la burocracia y la urgencia médica.
La pregunta que persiste no es sólo cuándo se resolverá el desabasto, sino cuántas afectaciones más deberán acumularse para que el acceso a medicamentos deje de ser un privilegio condicionado y vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho efectivo.
