Opinión

Columna Política en Violeta 

Por Malva

Entre el horror y la impunidad: La justicia que le falló a Leyla Monserrat

El nombre de Leyla Monserrat hoy no es solo un recordatorio de la violencia más cruda, sino el símbolo de un sistema judicial que, bajo el amparo de la legalidad, parece haber olvidado la ética de la justicia. 

Lo ocurrido en Sonoyta, Sonora, trasciende la nota roja para instalarse en el corazón de nuestra crisis social: la crueldad no tiene edad, pero la justicia, al parecer, sí tiene límites absurdos.

El video de la infamia es atroz 

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El caso es de una naturaleza casi inenarrable. Leyla, de apenas 15 años, fue víctima de una emboscada planificada por quienes llamaba amigas. 

El ensañamiento, asfixia mecánica, engaño y ocultamiento del cuerpo con cal ya era suficiente para desgarrar a la comunidad. 

Sin embargo, el componente de la grabación del crimen por parte de las agresoras (de 13 y 15 años) añade una dimensión de perversión digital y deshumanización que nos obliga a preguntarnos: ¿qué estamos construyendo como sociedad?

Una justicia de papel: 5 mil pesos por una vida

La indignación que hoy recorre Sonora y el país no es gratuita. Las sentencias dictadas bajo el Sistema de Justicia para Adolescentes se sienten como un insulto a la memoria de la víctima:

• Dos años y diez meses de internamiento para la mayor.

• Once meses de libertad asistida para la menor.

• Una reparación del daño de 5,657 pesos.

Leer esa cifra es experimentar una bofetada de realidad. ¿Ese es el valor que el Estado le asigna a la vida de una adolescente? ¿Esa es la «reparación» para una madre que perdió a su hija en condiciones de terror? Aunque la ley establece topes para menores, la brecha entre la legalidad y la justicia es hoy un abismo insalvable.

Existe vacío legal y la deuda pendiente

No se trata de pedir «ojo por ojo», sino de reconocer que la ley actual no alcanza a procesar la gravedad de crímenes de odio y feminicidios cometidos por adolescentes cuando existe premeditación y alevosía. 

El argumento de la «reincorporación social» suena hueco cuando la sanción no guarda proporción alguna con el daño irreparable causado.

La lucha de Carmen Becerra, madre de Leyla, por apelar esta sentencia es la lucha de todas. No podemos permitir que la juventud de las victimarias se convierta en una licencia para la impunidad.

#JusticiaParaLeyla no es solo un hashtag; es un grito de auxilio para que Sonora, y todo México, revisen sus marcos legales. Si la justicia es ciega, en este caso también parece haber quedado muda ante el dolor de una familia.

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