Prórroga amplia a transportistas contrasta con presión inmediata a automovilistas en el Edomex
Mientras el refrendo y reemplacamiento vence el 6 de abril para particulares, el transporte público obtiene plazo hasta diciembre de 2026, reavivando críticas por trato desigual y falta de resultados en su regularización
Staff
El contraste es evidente y genera incomodidad entre amplios sectores de la población: mientras miles de automovilistas particulares enfrentan la fecha límite del 6 de abril para cumplir con el pago de refrendo y reemplacamiento, el Gobierno del Estado de México ha otorgado al transporte público una prórroga que se extiende hasta el 18 de diciembre de 2026 para regularizar su situación.
La medida, impulsada por la Secretaría de Movilidad encabezada por Juan Hugo de la Rosa García, fue presentada como un esfuerzo para “ordenar” y “dar certidumbre” al sector transportista. Los acuerdos, publicados en la Gaceta de Gobierno los días 19 y 25 de marzo, permiten a concesionarios y poseedores continuar trámites relacionados con concesiones, rutas, bases, terminales y sustitución de unidades, incluso en casos donde los permisos ya habían vencido sin prórroga.
Desde la narrativa oficial, el objetivo es construir un Registro Estatal de Transporte Público que garantice un servicio más seguro, eficiente y sustentable. Sin embargo, en la práctica, la decisión abre cuestionamientos sobre la equidad en la aplicación de las normas y los tiempos administrativos.
Para los ciudadanos particulares, el cumplimiento fiscal sigue siendo inmediato y sin margen de flexibilidad. No hay prórrogas extendidas ni esquemas diferenciados, pese a que también enfrentan presiones económicas. En contraste, el transporte público —un sector históricamente señalado por irregularidades, unidades en mal estado y operación fuera de norma— recibe una nueva ventana de casi nueve meses para ponerse al día.
El argumento de la “regularización” no es nuevo. Administraciones anteriores han implementado programas similares sin lograr una transformación de fondo. La ampliación de plazos, lejos de resolver el problema estructural, ha sido percibida en distintos momentos como una forma de tolerar la informalidad bajo esquemas temporales que se vuelven permanentes.
Además, la medida incluye facilidades para que terceros con “interés jurídico” puedan realizar trámites sobre concesiones, lo que, si bien busca dar certeza legal, también podría abrir espacios a disputas o simulaciones en un sector donde la opacidad ha sido constante.
En este contexto, la política pública parece enviar un mensaje contradictorio: rigor inmediato para los ciudadanos comunes y flexibilidad prolongada para un sector clave pero problemático. La pregunta de fondo no es solo administrativa, sino de confianza pública: ¿puede hablarse de ordenamiento cuando las reglas no se aplican con el mismo criterio para todos?
El desafío para la autoridad no será únicamente ampliar plazos, sino demostrar que esta vez la regularización se traducirá en mejoras reales para los usuarios, quienes diariamente enfrentan un sistema de transporte que dista de ser seguro, cómodo y eficiente.
