Segunda audiencia de Nicolás Maduro y Celia Flores, el tema principal fue quién pagará los abogados .
Los abogados advirtieron que podrían verse obligados a retirarse del caso si no reciben pago.
Staff
Nueva York, 26 de marzo de 2026 – La segunda audiencia del caso contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York se centró casi exclusivamente en la controversia sobre quién pagará los honorarios de sus abogados, sin que el juez tomará una decisión inmediata al respecto.
Maduro y Flores comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, vestidos con uniformes beige de prisión. Permanecieron en silencio la mayor parte de la sesión, escuchando a través de traducción simultánea. Según reportes, Maduro se veía más delgado y con canas notorias.
La defensa, liderada por Barry Pollack (abogado de Maduro, quien previamente representó a Julian Assange) y Mark Donnelly (por Cilia Flores), argumentó que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. bloquean el uso de fondos del Estado venezolano para sufragar su defensa. Alegaron que esto viola el derecho constitucional de los acusados a elegir y pagar a un abogado privado (Sexta Enmienda), ya que ni Maduro ni Flores cuentan con recursos personales suficientes. Los abogados advirtieron que podrían verse obligados a retirarse del caso si no reciben pago.
El juez Hellerstein rechazó de inmediato desestimar los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, considerándolo una medida “demasiado drástica” en esta etapa temprana del proceso. Sin embargo, mostró escepticismo ante la posición de la fiscalía y cuestionó repetidamente por qué no se permite que Venezuela cubra los gastos legales, enfatizando que “el derecho a una defensa adecuada es primordial”.
La fiscalía defendió las sanciones como una herramienta de seguridad nacional y política exterior, argumentando que Maduro y Flores pueden usar fondos personales o recurrir a defensores públicos. Señalaron que el bloqueo responde a intereses legítimos y cuestionaron si el exmandatario, acusado de saquear recursos de Venezuela, debería acceder a esos fondos estatales.
Hellerstein indicó que evaluará el tema con el Departamento del Tesoro y prometió emitir una resolución “lo antes posible”. No se fijó fecha para una nueva audiencia, pero el caso continúa su curso.
Maduro y Cilia Flores fueron capturados en Caracas en enero de 2026 durante una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York, donde se declararon no culpables de los cargos. La defensa ha insistido en que las sanciones interfieren con su derecho a una representación efectiva, mientras la acusación mantiene que no existe violación constitucional si optan por defensores de oficio.
La audiencia transcurrió en medio de protestas tanto de simpatizantes como de opositores al exgobierno venezolano fuera del tribunal. Este impasse sobre el financiamiento de la defensa podría complicar el avance hacia un juicio completo, uno de los casos más complejos y de alto perfil en la corte federal de Manhattan.
El proceso judicial contra Maduro y Flores sigue abierto, y la decisión del juez sobre el pago de los abogados podría definir el rumbo de uno de los casos internacionales más relevantes del momento
