Columna El Husmeador
Se cae el Plan B (y con él, una tentación peligrosa)
Por el Husmeador
El miércoles 26 de marzo de 2026, el Senado de la República aprobó en lo general el llamado Plan B de la reforma electoral con 87 votos a favor y 41 en contra. Sin embargo, la noticia real no fue lo que se aprobó, sino lo que se eliminó: la modificación al artículo 35 constitucional que pretendía adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias.
El Partido del Trabajo (PT), aliado menor pero decisivo de Morena, presentó una reserva que fue aceptada. Gracias a ello, la figura de revocación de mandato se mantiene exactamente como está hoy: solo podrá realizarse en el cuarto año del sexenio, es decir, en 2028. La oposición (PRI, PAN y MC) no ocultó su alegría: hubo gritos de “¡sí se pudo!” en el pleno. Celebraban, con razón, haber evitado que el nombre de la presidenta apareciera en la misma boleta que los candidatos a diputados federales, senadores, gobernadores y presidentes municipales en 2027.
Este desenlace revela varias cosas importantes sobre el actual equilibrio de poder en la coalición oficialista y sobre la calidad de nuestra democracia.
En primer lugar, muestra que ni siquiera con mayoría calificada Morena y sus aliados logran avanzar sin fisuras. El PT, con apenas seis senadores, impuso su criterio. Argumentó que adelantar la revocación distorsionaría el sentido democrático de la figura y la convertiría en un instrumento de campaña. No les faltaba razón. Permitir que la titular del Ejecutivo promueva abiertamente el voto a su favor mientras se eligen otros cargos habría creado una asimetría evidente: recursos, visibilidad y maquinaria de gobierno a favor de una sola persona. Eso no es empoderamiento ciudadano; es ingeniería electoral disfrazada de consulta popular.
En segundo lugar, la reacción de la presidenta fue reveladora. Sheinbaum lamentó la decisión y llegó a decir que “es malo para el país” que no se haya aprobado esa parte. Es una declaración sincera, pero preocupante. Sugiere que, para ella, el valor de la revocación radicaba precisamente en poder usarla como palanca política en 2027. La revocación de mandato, tal como fue concebida en la reforma de 2019, busca ser un mecanismo excepcional de rendición de cuentas, no un plebiscito rutinario para reforzar la popularidad presidencial en medio de una elección concurrente. Confundir ambas cosas debilita la institución.
Lo que sí avanzó del Plan B; reducción de regidores en ayuntamientos, límites al gasto de congresos estatales y que altos funcionarios electorales ganen menos que la presidenta— apunta en la dirección correcta de la austeridad republicana. Son ajustes menores, pero razonables, que buscan recortar privilegios y costos excesivos en el aparato público. Nadie serio puede oponerse a que haya menos burócratas legislativos o que los servidores públicos vivan con mayor sobriedad.
Sin embargo, el costo de haber intentado el adelanto de la revocación fue alto: expuso divisiones internas en la 4T, obligó a negociar a la baja y entregó a la oposición una victoria simbólica que celebraron con evidente alivio. El “Plan B” llegó a San Lázaro convertido en un “Plan B light”, desprovisto de su elemento más controvertido.
Al final, este episodio deja una lección clara. La democracia no se fortalece con atajos que permitan al gobernante en turno convertir mecanismos de control ciudadano en herramientas de consolidación de poder. La revocación de mandato debe seguir siendo un instrumento extraordinario, no un referéndum anual de aprobación presidencial. Que el PT, un partido que históricamente ha defendido posiciones más radicales, haya sido quien pusiera el freno, resulta irónico y, al mismo tiempo, saludable.
México necesita reformas electorales que reduzcan costos, simplifiquen procesos y fortalezcan la imparcialidad de las instituciones. Pero no a costa de distorsionar figuras pensadas para limitar el poder, no para ampliarlo. Por ahora, el artículo 35 se salvó. Y con él, un pedazo de equilibrio democrático que parecía en riesgo.
Ojalá esta pequeña derrota del maximalismo sirva para recordar que, incluso con mayorías amplias, hay líneas que no conviene cruzar si se quiere gobernar con legitimidad y no solo con votos. La democracia mexicana, aunque imperfecta, demostró ayer que todavía tiene anticuerpos.
