Diputados reaccionan tarde ante desabasto en el Issemym; proponen reembolsos a derechohabientes
La propuesta, impulsada (MC), plantea reformar la ley para que la falta de medicamentos, insumos o tratamientos sea reconocida formalmente como causa de reembolso. La iniciativa fue presentada por la Dip. Maricela Beltrán Sánchez, quien calificó la medida como un acto de “justicia administrativa” frente a un problema que, aseguró, ha sido ignorado durante años.
Fernanda Ruíz
Toluca, Estado de México.— En medio de un persistente desabasto de medicamentos que ha obligado a miles de derechohabientes a costear de su bolsillo tratamientos básicos, diputadas y diputados del Congreso mexiquense buscan ahora corregir una falla estructural del sistema de salud estatal: que el propio Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) reembolse los gastos generados por su incapacidad de suministro.
La propuesta, impulsada por (MC), plantea reformar la ley para que la falta de medicamentos, insumos o tratamientos sea reconocida formalmente como causa de reembolso. La iniciativa fue presentada por la diputada Maricela Beltrán Sánchez, quien calificó la medida como un acto de “justicia administrativa” frente a un problema que, aseguró, ha sido ignorado durante años.
Sin embargo, la discusión ha abierto cuestionamientos de fondo: ¿por qué hasta ahora el Poder Legislativo atiende una crisis que usuarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios han denunciado de manera constante?
Durante la sesión deliberante, se expuso que enfermedades como diabetes, hipertensión o cáncer implican tratamientos costosos que, ante la falta de abasto, recaen directamente en las familias. El impacto no es menor: el gasto en medicamentos adquiridos fuera del sistema público ha crecido de forma significativa en los últimos años, presionando economías domésticas ya debilitadas.
La iniciativa reconoce que, aunque actualmente existe la posibilidad de solicitar reembolsos, estos se limitan a casos de urgencia o imposibilidad de acceso a los servicios del instituto. Con la reforma, se busca ampliar este derecho cuando simplemente no haya medicamentos disponibles, permitiendo a los pacientes adquirirlos preferentemente en instituciones públicas y recuperar posteriormente su dinero.
El mecanismo propuesto establece plazos claros para que el instituto verifique si surtió o no los medicamentos y, en caso de confirmarse la omisión, autorice el reembolso. No obstante, el propio proyecto advierte una limitante crítica: los pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal, lo que podría traducirse en nuevas demoras o negativas.
Para especialistas y usuarios, el fondo del problema no es el reembolso, sino la falla sistemática en el abasto. La medida, si bien representa un alivio parcial, también evidencia la normalización de un sistema que no garantiza el suministro oportuno y que ahora busca compensar económicamente sus deficiencias.
En ese contexto, la propuesta legislativa ha sido interpretada por algunos sectores como una reacción tardía frente a una crisis prolongada, más que como una solución de fondo. Mientras tanto, miles de derechohabientes continúan enfrentando el dilema entre interrumpir sus tratamientos o asumir costos que el sistema público debería cubrir.
