Condonación para gobiernos, cobro implacable para ciudadanos: la doble cara de la política eléctrica
El Estado de México concentra más de 26 mil millones de pesos, posicionándose como la entidad con mayor deuda en este rubro.
Fernanda Ruíz
Toluca, Estado de México.— Mientras miles de familias enfrentan dificultades para cubrir sus recibos de luz y denuncian obstáculos para reclamar cobros indebidos, en el Congreso mexiquense avanza una iniciativa que podría permitir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condonar parcial o totalmente adeudos millonarios a gobiernos estatales y municipales.
La propuesta, impulsada por el diputado Valentín Martínez Castillo y avalada en comisiones de la LXII Legislatura, plantea reformar el marco legal para que la empresa productiva del Estado pueda firmar convenios de regularización de deudas públicas, particularmente aquellas consideradas históricas o incobrables.
De acuerdo con los datos expuestos, los adeudos acumulados de entidades públicas con la CFE superan los 53 mil millones de pesos a nivel nacional, de los cuales más de 46 mil millones corresponden a estados y municipios. El Estado de México concentra más de 26 mil millones de pesos, posicionándose como la entidad con mayor deuda en este rubro.
Bajo este contexto, legisladores de Morena han defendido la iniciativa argumentando que permitirá sanear las finanzas públicas, liberar recursos para servicios básicos y garantizar la operación de instituciones educativas y de salud, muchas de las cuales enfrentan riesgos de cortes de energía.
Sin embargo, la propuesta ha encendido críticas por lo que diversos sectores consideran una política inequitativa: mientras los gobiernos podrían beneficiarse de esquemas de condonación, los usuarios domésticos continúan sujetos a cobros estrictos, recargos e incluso suspensiones del servicio, sin mecanismos eficaces para impugnar tarifas erróneas o abusos en la facturación.
Organizaciones civiles y especialistas en temas energéticos advierten que esta medida podría profundizar la percepción de desigualdad en el acceso a servicios básicos. Señalan que, en la práctica, los ciudadanos enfrentan procesos burocráticos complejos para aclarar inconsistencias en sus recibos, con escasas vías de defensa frente a la CFE, lo que contrasta con la flexibilidad que ahora se busca otorgar a las instituciones públicas.
Además, cuestionan la falta de responsabilidades claras para funcionarios que generaron estos adeudos millonarios. Aunque algunos legisladores han planteado revisar la Ley de Responsabilidades para sancionar malas prácticas administrativas, hasta ahora no se han establecido mecanismos concretos que eviten la repetición de estos pasivos.
El argumento de que se trata de deudas “impagables” también ha sido puesto en duda. Críticos sostienen que la condonación podría incentivar la falta de disciplina financiera en gobiernos locales, que durante años han acumulado adeudos sin consecuencias, trasladando ahora el costo a las finanzas públicas y, en última instancia, a los contribuyentes.
Si bien la iniciativa destaca beneficios como el fortalecimiento de servicios públicos, la continuidad operativa de escuelas y hospitales, así como la posibilidad de modernización energética, el debate de fondo apunta a un tema de equidad: ¿por qué los gobiernos pueden acceder a esquemas de perdón financiero mientras la ciudadanía debe cumplir sin excepciones?
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis. En el camino, no solo se discutirá su viabilidad financiera, sino también el mensaje político que envía en un contexto donde el acceso justo a los servicios básicos sigue siendo una de las principales demandas sociales.
