Gobernadora respalda a la Presidenta tras operativo en Jalisco; persisten retos de inseguridad y extorsión en Edomex.
Más allá de los hechos recientes vinculados al CJNG, el Estado de México enfrenta desde hace años altos índices de inseguridad en diversas regiones. Uno de los delitos que ha mostrado crecimiento es la extorsión, fenómeno que, de acuerdo con denuncias públicas y reportes locales, ha alcanzado a sectores como comerciantes, transportistas e incluso docentes.
FIRR
Tlalnepantla, Estado de México, 23 de febrero de 2026.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez expresó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la actuación de las Fuerzas Armadas tras el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En un mensaje posterior a la Mesa de Paz realizada en Tlalnepantla, la mandataria mexiquense reconoció la coordinación y firmeza de las instituciones federales para combatir al crimen organizado.
“La Presidenta no está sola. Ha demostrado con hechos que no le da la espalda a las dificultades y mucho menos a la gente. En México estamos trabajando en equipo para garantizar la paz y la seguridad”, afirmó.
Asimismo, señaló que en la entidad se mantienen operativos activos, vigilancia reforzada y coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, bajo la premisa de “informar con la verdad y actuar con responsabilidad”.
Tras la muerte de Oseguera Cervantes el 22 de febrero, se registró una ola de violencia atribuida a células del CJNG en al menos 20 estados del país, con 252 bloqueos carreteros reportados por el Gabinete de Seguridad federal.
En el Estado de México, los incidentes fueron focalizados pero confirmados en distintos municipios, entre ellos Tultepec, La Paz (incluida la zona de Los Reyes), Axapusco, Coacalco, Tecámac y Xonacatlán.
Entre los hechos reportados se encuentran incendios de vehículos, ataques a tiendas de conveniencia, sucursales bancarias —incluido un módulo del Banco del Bienestar en Axapusco— y bloqueos en vialidades estratégicas. Autoridades estatales informaron que, si bien no se registraron víctimas civiles en la entidad por estos eventos específicos, se reforzó la presencia policial en corredores limítrofes y puntos considerados sensibles.
Más allá de los hechos recientes vinculados al CJNG, el Estado de México enfrenta desde hace años altos índices de inseguridad en diversas regiones. Uno de los delitos que ha mostrado crecimiento es la extorsión, fenómeno que, de acuerdo con denuncias públicas y reportes locales, ha alcanzado a sectores como comerciantes, transportistas e incluso docentes.
En comunidades del Valle de México y del Valle de Toluca, organizadores de fiestas patronales y autoridades auxiliares han alertado sobre presuntas exigencias de pagos por parte de grupos delictivos para permitir la realización de celebraciones tradicionales. Asimismo, en algunos municipios se han señalado intentos de cobro de “cuotas” a escuelas o profesores, lo que ha generado preocupación en el sector educativo.
Aunque el gobierno estatal sostiene que mantiene una estrategia de combate frontal a la delincuencia y coordinación con fuerzas federales, especialistas en seguridad advierten que la presencia de grupos criminales en distintas zonas del estado representa un desafío estructural que requiere acciones sostenidas, fortalecimiento institucional y atención a las causas sociales.
La administración estatal reiteró que continúa en comunicación permanente con el Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad federal para dar seguimiento a los acontecimientos y evitar una escalada.
Para los días posteriores al 23 de febrero, autoridades informaron que la mayoría de los bloqueos habían sido retirados y que se trabajaba en el restablecimiento de la normalidad, aunque con vigilancia reforzada en zonas de alta incidencia delictiva.
En este contexto, el respaldo político expresado por la gobernadora a la Presidenta se da en medio de un escenario complejo: mientras se reconoce la actuación federal frente a un objetivo prioritario, el Estado de México enfrenta el reto de contener la violencia y atender delitos de alto impacto que afectan de manera directa la vida cotidiana de sus habitantes
