PAN propone más requisitos a comerciantes de animales en medio de crisis sanitaria en el sur del Edomex
Mientras productores enfrentan el problema del gusano barrenador, diputados panistas impulsan una reforma que podría impactar a pequeños comerciantes y ganaderos.
Una iniciativa en el papel, lejos del campo
FIRR
En el Congreso del Estado de México, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) presentó una iniciativa para que los establecimientos dedicados a la comercialización de animales cuenten con la supervisión de médicos veterinarios capacitados y certificados.
La propuesta, impulsada por los legisladores Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, plantea reformar el Código para la Biodiversidad estatal con el argumento de reducir el maltrato animal y mejorar las condiciones de vida de los ejemplares mientras permanezcan en venta.
Sin embargo, la iniciativa surge en un momento en que en el sur del estado los ganaderos enfrentan una problemática sanitaria delicada por la presencia del gusano barrenador, situación que ha generado preocupación económica y productiva en diversas comunidades rurales.
¿Protección animal o más carga burocrática?. De acuerdo con el documento legislativo, los comercios podrán suscribir convenios con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la Procuraduría de Protección al Ambiente para contar con asesoría veterinaria en caso de no tener un especialista propio.
El argumento central del PAN es que la falta de supervisión profesional deriva en cuidados inadecuados, estrés y maltrato animal, además de posibles riesgos a la salud pública por la venta de animales enfermos.
No obstante, productores consultados señalan que los ganaderos formales ya cuentan con asesoría veterinaria, particularmente en zonas donde la sanidad animal es clave para evitar pérdidas económicas. En ese contexto, advierten que la reforma podría terminar afectando principalmente a pequeños comerciantes y productores de baja escala, quienes tendrían que asumir nuevos costos administrativos y operativos.
Mientras en el Congreso se debate la regulación de establecimientos dedicados a la venta de animales, en regiones rurales el reclamo principal es el fortalecimiento de campañas sanitarias, apoyos técnicos y recursos para combatir plagas como el gusano barrenador.
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas refiere que existen 258 unidades económicas en la entidad dedicadas a actividades relacionadas con agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Para muchos de estos negocios, cualquier requisito adicional puede representar un impacto significativo en su viabilidad.
Críticos de la iniciativa sostienen que antes de imponer nuevas obligaciones, el Congreso debería revisar el contexto actual del sector agropecuario mexiquense y priorizar acciones directas frente a la emergencia sanitaria.
Si bien la protección animal y la salud pública son objetivos legítimos, el debate gira en torno a la proporcionalidad de las medidas y su impacto real en quienes viven del comercio y la producción pecuaria.
La discusión legislativa apenas comienza, pero deja en evidencia una tensión constante entre la agenda normativa del Congreso y las problemáticas cotidianas que enfrentan productores y comerciantes en distintas regiones del Estado de México
