POR: EL HUSMEADOR
La Sombra de Washington: Políticos Mexicanos Bajo la Lupa de EE.UU.
Al 5 de febrero de 2026, la relación bilateral México-Estados Unidos se encuentra en uno de sus momentos más tensos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La ofensiva contra el fentanilo y la corrupción política ha escalado: revocaciones masivas de visas, investigaciones sobre activos y presiones diplomáticas directas para procesar a figuras clave del oficialismo mexicano. Medios como El Financiero, Vanguardia, Debate y reportes internacionales destacan que el gobierno de EE.UU. exige «cabezas» por presuntos nexos con el crimen organizado. En redes sociales como X, el tema domina con especulaciones sobre renuncias y listas negras, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la soberanía y el respaldo institucional.
Presión Máxima y Rumores de Renuncia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentran en el epicentro de la tormenta. Desde mayo de 2025, el Departamento de Estado revocó su visa y la de su exesposo Carlos Torres Torres por supuestos vínculos con lavado de dinero y crimen organizado (incluyendo el Cártel de Sinaloa y CJNG). En febrero de 2026, columnistas como Raymundo Riva Palacio afirman que su nombre surge frecuentemente en reuniones bilaterales de seguridad, donde EE.UU. presiona para que solicite licencia o enfrente procesos penales en México. Rumores de renuncia circulan con fuerza; publicaciones en Los Ángeles Press (enero 2026) y llamados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortan a separarse temporalmente por la investigación de la FGR contra Torres (tráfico de armas, lavado y nexos narco). La gobernadora se deslinda, niega vínculos y asegura que cerrará su gestión con apoyo de Sheinbaum, quien la respaldó públicamente en Tijuana. Sin embargo, analistas ven su caso como «el más serio», con posible congelamiento de activos y erosión de apoyo en Palacio Nacional.
Adán Augusto López Hernández, de la Coordinación del Senado a la mira del Departamento de Justicia. El senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández renunció abruptamente a la coordinación de Morena en el Senado a inicios de febrero de 2026, un movimiento interpretado como concesión a presiones externas. Columnistas como Riva Palacio revelan que bienes suyos, de su esposa, familiares y socios en EE.UU. están bajo investigación, con exploración de congelamientos como paso previo a un proceso en el Departamento de Justicia. Desde 2025, medios como The Wall Street Journal lo ligaron a redes como «La Barredora» vía su exsecretario de seguridad en Tabasco. López niega cargos formales y desconoce indagatorias (incluyendo una en Houston por huachicol fiscal), pero la salida coincide con demandas de Washington por «narcopolíticos». En X, los analistas lo ven como parte de un patrón que debilita al obradorismo.
Diego Rivera Navarro, el «Narcoalcalde» de Tequila y la “Operación Enjambre”, Este 5 de febrero de 2026, el alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido junto a tres funcionarios en la «Operación Enjambre» de la SSPC. Acusado de extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras (como José Cuervo) y nexos con una célula del CJNG, el caso confirma vínculos directos con el cártel. Omar García Harfuch lo presentó como un golpe contra la corrupción y la extorsión. Aunque es acción solamente mexicana, encaja en la agenda bilateral contra el CJNG (exportador clave de fentanilo), alimentando narrativas de «narcoalcaldes» en Morena.
También hay empresarios bajo sospecha por sobornos en Pemex y redes criminales. El escrutinio alcanza al sector privado. En agosto 2025, el Departamento de Justicia acusó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez (detenido) y Mario Alberto Ávila Lizárraga (prófugo) de sobornar funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) con ~150.000 dólares en efectivo, artículos Louis Vuitton y relojes Hublot para contratos por 2.5 millones. Rovirosa tiene presuntos nexos con cárteles. En diciembre de 2025, un jurado en Houston declaró culpable a Rovirosa por el esquema (2019-2021). Estos casos ilustran cómo EE.UU. usa la FCPA para desmantelar redes que facilitan la corrupción y el narco.
Y por supuesto no podrían faltar acusaciones persistentes de financiamiento narco en la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Permanecen en el radar diversa investigaciones de la DEA (desde 2010-2024) alegan posibles donaciones de cárteles a campañas, con reuniones post-2018 de allegados con operadores narco; ProPublica y The New York Times detallan indagatorias sobre los hijos (José Ramón, Gonzalo «Bobby», Andrés Manuel «Andy») por enriquecimiento ilícito y nexos con «Los Chapitos». Denuncias en Nueva York (2024-2025) acusan a AMLO y gobernadores morenistas de aceptar fondos de cárteles declarados terroristas. Aunque aún sin cargos formales y desmentidos por la familia, rumores en redes y columnas (Riva Palacio) incluyen a los hijos en «listas negras» por paraísos fiscales y corrupción.
La «Lista Negra» Amplia y el Mensaje de Trump en Reuters reporta revocaciones de visas a más de 50 políticos (principalmente Morena) desde 2025, con estimaciones de hasta 100.000 visas canceladas en total. Nombres como Mario Delgado (SEP), Rubén Rocha (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora) y otros cercanos a AMLO circulan en inteligencia estadounidense. Esto es parte de la estrategia trumpista contra el fentanilo: presionar a Sheinbaum para «limpiar la casa» o enfrentar aranceles y sanciones.
En conclusión, la «sombra de Washington» no es rumor: es una realidad diplomática con investigaciones concretas, revocaciones y detenciones. Si escalan, podrían forzar renuncias (como especulan con María del Pilar), fracturas en Morena y reconfiguración política rumbo a 2027. Sheinbaum navega entre lealtad partidista y realidad bilateral, mientras redes y medios independientes mantienen el escrutinio. El tiempo dirá si esto erosiona la soberanía u obliga a una purga interna.
