Austeridad en el discurso, despilfarro en los hechos: la deuda pendiente de Morena en el Edomex.
Morena construyó buena parte de su identidad política alrededor del combate al derroche. No obstante, para muchos ciudadanos esa austeridad parece aplicarse de manera selectiva: se pide sacrificio a trabajadores y se habla de contención presupuestaria, pero los altos mandos mantienen privilegios que contradicen el mensaje.
Por Redacción
A casi tres años del arribo de Morena al gobierno del Estado de México, la promesa de la llamada austeridad republicana sigue siendo, para amplios sectores de la ciudadanía, más un eslogan que una realidad tangible. Aunque el discurso oficial insiste en un cambio de rumbo frente a los excesos del pasado, en la práctica persisten viejas inercias: altos salarios, decisiones cuestionables y una percepción generalizada de improvisación en áreas clave.
La administración estatal encabezada por Delfina Gómez llegó en 2023 con la expectativa de marcar un parteaguas. Sin embargo, el balance cotidiano arroja claroscuros. Si bien se han impulsado programas sociales y se mantiene una narrativa de cercanía con la gente, también se acumulan señalamientos por gastos superfluos y falta de resultados en dependencias estratégicas.
Casos como el del ex titular de la Junta Local de Caminos y los constantes tropiezos en la Secretaría de Movilidad evidencian un problema más profundo: la carencia de perfiles técnicos sólidos y de una planeación eficaz. Mientras las carreteras continúan deteriorándose y el transporte público permanece sumido en el desorden, las responsabilidades se diluyen y las soluciones se postergan.
Lejos de observarse una reingeniería institucional de fondo, varias dependencias parecen operar con lógica reactiva, sin una ruta clara. Para la ciudadanía, esto se traduce en traslados más largos, mayor inseguridad vial y una sensación de abandono en amplias zonas del Valle de México y del Valle de Toluca.
El Congreso: poco trabajo, altas percepciones, en el Poder Legislativo local, el contraste entre discurso y realidad también es evidente. El coordinador parlamentario de Morena, Francisco Vázquez, ha declarado públicamente que las y los diputados “no trabajan a destajo”. Sin embargo, sus percepciones económicas distan mucho de reflejar esa moderación: dietas, apoyos y prerrogativas siguen ubicando a los legisladores entre los servidores públicos mejor pagados del estado.
La productividad parlamentaria, en cambio, es un tema recurrente de crítica. Iniciativas rezagadas, sesiones espaciadas y una agenda que pocas veces conecta con las urgencias sociales alimentan la idea de que el Congreso opera con comodidad, mientras millones de mexiquenses enfrentan problemas cotidianos de empleo, movilidad y seguridad.
Morena construyó buena parte de su identidad política alrededor del combate al derroche. No obstante, para muchos ciudadanos esa austeridad parece aplicarse de manera selectiva: se pide sacrificio a trabajadores y se habla de contención presupuestaria, pero los altos mandos mantienen privilegios que contradicen el mensaje.
Vehículos oficiales, giras, eventos y estructuras administrativas robustas siguen siendo parte del paisaje gubernamental. La percepción pública es clara: el cambio prometido no ha permeado en los niveles donde realmente se decide el uso del dinero público.
No es solo Morena, la crítica, sin embargo, no se limita al partido en el poder. En el ámbito municipal, gobiernos de otras fuerzas políticas reproducen prácticas similares. Basta observar casos como Metepec, donde el alcalde Fernando Flores ha sido cuestionado por viajes al extranjero y comitivas amplias, más propias de jefes de Estado que de autoridades locales.
Este comportamiento confirma que el problema es estructural: una clase política que, sin importar siglas, suele perder el sentido de proporción una vez instalada en el cargo.
El Estado de México vive hoy una paradoja. Por un lado, existe una ciudadanía que aún espera que Morena concrete el cambio que prometió. Por el otro, crece el desencanto ante la continuidad de vicios históricos: despilfarro, falta de profesionalización y distancia entre gobernantes y gobernados.
La alternancia de 2023 abrió una ventana de oportunidad. Mantenerla abierta dependerá de que el gobierno estatal y sus representantes abandonen la retórica y avancen hacia hechos verificables: transparencia real, rendición de cuentas y perfiles capaces al frente de las instituciones.
De lo contrario, Morena corre el riesgo de convertirse en aquello que juró combatir: una fuerza más atrapada en el confort del poder, mientras la ciudadanía sigue esperando resultados.
