Edomex: Costo de una política de seguridad que no alcanza
42 homicidios en una semana exhiben el fracaso de la política de seguridad en la entidad.
Staff
Toluca Edomex.-Con 42 homicidios dolosos del 19 al 25 de enero de 2026, el Estado de México encabezó la violencia nacional. Más allá de los discursos oficiales y los porcentajes a la baja, la realidad en los municipios evidencia una estrategia fallida, marcada por impunidad, falta de prevención y ausencia de rendición de cuentas.
La semana del 19 al 25 de enero de 2026 dejó una cifra que no admite matices: 42 homicidios dolosos en apenas siete días colocaron al Estado de México como la entidad más violenta del país en ese periodo.
El promedio de casi seis asesinatos diarios revela una crisis que va más allá de coyunturas o repuntes temporales. Cada víctima representa una familia rota y una comunidad marcada, mientras el gobierno insiste en presentar balances optimistas sustentados en comparativos de largo plazo.
La estadística fría contrasta con la realidad cotidiana: calles vacías al anochecer, comercios que cierran temprano y ciudadanos que modifican sus rutinas por miedo.
Aunque el desglose oficial por municipio suele publicarse semanas después, las tendencias son claras. Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Toluca aparecen de manera recurrente entre las zonas con mayor incidencia.
En estos territorios convergen extorsión, narcomenudeo y disputas entre grupos delictivos, con policías locales rebasados y comunidades que viven entre operativos esporádicos y promesas incumplidas.
La falta de datos inmediatos por demarcación también limita la rendición de cuentas: sin información oportuna, resulta imposible exigir responsabilidades concretas a alcaldes y
Uno de los principales vacíos de la estrategia estatal es la prevención del delito. Las autoridades siguen apostando por acciones reactivas retenes, despliegues y patrullajes momentáneos, mientras se descuidan políticas de fondo: atención a jóvenes en riesgo, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento comunitario.
A esto se suma una coordinación deficiente entre corporaciones municipales, estatales y federales. Cada nivel opera con agendas propias, generando vacíos que la delincuencia aprovecha.
La presencia de fuerzas federales no se traduce en reducciones sostenidas, y las policías municipales continúan con carencias en capacitación, equipamiento y supervisión.
El problema no termina con los homicidios. La impunidad sigue siendo el sello del sistema. Los casos se acumulan, pero las sentencias avanzan lentamente. El mensaje que recibe la sociedad es devastador: en el Estado de México, matar rara vez tiene consecuencias.
Sin investigaciones sólidas ni castigos ejemplares, cualquier política de seguridad queda reducida a un ejercicio retórico.
Mientras los informes oficiales presumen reducciones porcentuales en periodos amplios, millones de mexiquenses viven otra historia: miedo cotidiano, desconfianza institucional y una sensación persistente de abandono.
La semana del 19 al 25 de enero no fue un accidente estadístico. Fue el resultado previsible de una estrategia que prioriza la narrativa sobre el territorio y el boletín sobre la patrulla de barrio.
El Estado de México no necesita más cifras maquilladas. Necesita policías profesionales y cercanas a la comunidad, fiscalías eficaces, datos públicos por municipio y una estrategia integral que ataque las causas sociales del delito.
