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Fiscalía cree que Moeve se ha ahorrado 7,7 millones de euros en impuestos. Y tiene claro el castigo: disolución de la empresa

Ahora Cepsa es Moeve. Y ahora es Moeve la que tiene que pelear contra una acusación del Ministerio Fiscal por un fraude en el pago de impuestos. La causa judicial viene arrastrándose desde 2022 pero tiene su origen hace casi una década. Ahora, Fiscalía pide 28 años de cárcel para su directiva, apunta a tres altos cargos de la Agencia Tributaria Canaria y, además, al disolución de la empresa. 

¿Qué ha pasado? En resumidas cuentas, Fiscalía acusa a Moeve de fraude fiscal en Canarias. Según sus investigaciones, la compañía habría dejado de pagar 7,7 millones de euros a Hacienda haciendo pasar combustible diésel por fuelóleo a la hora de pagar impuestos entre 2016 y 2021. 

El cambio es sustancial porque el tipo impositivo del fuelóleo (0,56 €/tonelada) es muy inferior al del gasóleo (222 €/1.000 litros). Destacan en Motorpasión que el gasóleo tiene un gravamen 400 veces superior al cambio de unidades y, de ahí, saldrían los 7,7 millones de euros que la compañía habría omitido a la hora de presentar sus impuestos. 

¿Qué pide Fiscalía? La petición de Fiscalía es dura: 

  • Que se abra un procedimiento penal contra la compañía
  • La disolución de la compañía
  • Multa de 13 millones de euros para la empresa
  • 28 años de cárcel y más de 25 millones de euros en multas para la directiva
  • Inhabilitación de dos años para tres altos cargos de la Agencia Tributaria Canaria

¿Cómo sucedieron los hechos? Según describen en Diario de Fuerteventura, la Fiscalía sostiene que entre enero de 2016 y octubre de 2021, la entonces Cepsa, a través de su filial Petróleo de Canarias (Petrocan), liquidó los impuestos haciendo pasar el gasóleo por fuelóleo con “claro ánimo de defraudar” a la Hacienda Pública autonómica. 

Según sus cálculos, la compañía habría dejado de pagar las siguientes cantidades: 

  • 2016: 781.295 euros
  • 2017: 404.134 euros
  • 2018: 1,4 millones de euros
  • 2019: 2,3 millones de euros
  • 2020: 1,6 millones de euros
  • 2021: 1,2 millones de euros

En todo ese tiempo, desde Fiscalía acusan a la Agencia Tributaria Canaria de desoír las denuncias que le llegaban desde la petrolera. Y es que la empresa IR Maxoinversiones que gestiona diversas gasolineras locales ya denunció los hechos en 2019, repitió ampliando la denuncia en 2020 y tiempo después interpuso una tercera queja. Los funcionarios señalados por Fiscalía, sin embargo, no interpusieron ninguna medida para investigar los hechos. 

¿Qué dice Moeve? Fuentes de la compañía señalan a Xataka que «el caso está recurrido. Rechazamos la acusación y esperamos que la actuación de la justicia confirme la correcta aplicación de la fiscalidad efectuada por Moeve al producto denominado Diesel Oil, de uso industrial y no vinculado con la actividad de estaciones de servicio”. 

El Diesel Oil es un producto mucho más pesado que el gasóleo que no podemos consumir para el coche por ser de menor calidad. Su uso únicamente puede ser industrial para, por ejemplo, poner en marcha una máquina o alimentar una calefacción. Es decir, el uso habitual que se le da al fueloil. 

En los últimos años, Hacienda ha ido cambiando la fiscalidad de este producto que es muy inferior a la del gasóleo que se consume en las estaciones de servicio. 

¿Desproporcionado? Aunque las acusaciones de Fiscalía están sobre la mesa y dicen poder sostenerlas con datos, queda por ver cuál es la resolución del caso. Las reclamaciones hacen referencia a una supuesta evasión de 7,7 millones de euros a lo largo de seis años, una cifra muy pequeña para una empresa que sólo en los nueve primeros meses del año 2025 (últimos datos publicados) ganó 472 millones de euros en beneficios netos y facturó más de 1.800 millones de euros en 2024.

Por lo tanto, más allá de demostrar que Moeve no pagó los impuestos que le correspondían, se tendrá que demostrar que esta omisión se hizo con las intenciones de enriquecerse y no por una equivocación a la hora de presentar los impuestos, un elemento que parece imprescindible para que un juez ordene la disolución de una empresa con más de 11.000 empleados.

Foto | Moeve

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