POR: STAFF
Credenciales en Lugar de Medicinas e Infraestructura
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento físico y digital que busca unificar el acceso a los servicios médicos públicos en México. Con un costo estimado de 3,500 millones de pesos, la iniciativa permitirá a los ciudadanos atenderse en cualquier institución del sistema —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios de Pemex, Fuerzas Armadas e institutos nacionales— independientemente de su afiliación original, gracias a un expediente médico electrónico compartido. El registro nacional comenzará el 2 de marzo de 2026 en 14 entidades federativas y se extenderá hasta diciembre, con más de 2,300 módulos y casi 10,000 estaciones de atención. La credencial incluirá datos como nombre completo, CURP, tipo de sangre, donación de órganos y un código QR para acceder rápidamente al historial clínico. La versión digital estará disponible en una aplicación a partir de abril. Según la mandataria, este es el primer paso hacia un sistema de salud universal que se consolidará gradualmente entre 2026 y 2030, con fortalecimiento de las instituciones existentes y mecanismos de compensación financiera entre ellas. En su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la medida avanza en el derecho constitucional a la salud y facilita la portabilidad de expedientes médicos. Sin embargo, el anuncio ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, analistas y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan la priorización del gobierno en medio de una crisis persistente en el sector salud. El PRI en el Senado calificó la propuesta como una «ocurrencia más», argumentando que mientras no se resuelva el abasto irregular de medicamentos ni se dote de insumos básicos a clínicas y hospitales, «poco o nada se va a lograr» para ofrecer un servicio digno. Recordaron que programas previos como las mega farmacias o caravanas de salud han resultado ineficaces y costosos. En plataformas como X (antes Twitter) Y fb, voces críticas han calificado la medida como una «burla» y una muestra de «desconexión con la realidad». Usuarios destacan que los pacientes no demandan credenciales, sino medicinas, insumos y atención inmediata, en un contexto donde México enfrenta la peor crisis de salud pública en décadas: saturación hospitalaria, esperas prolongadas en pasillos y repuntes de enfermedades prevenibles por fallas en vacunación y abasto. Un análisis compartido en redes señala que, en 2024, 44.5 millones de personas reportaron carencia de acceso a servicios de salud —casi el doble que en 2018—, y que el presupuesto para salud en 2026 será menor al de 2024, con recortes en varios estados. Otro punto de controversia es el manejo de datos personales y médicos sensibles. Críticos advierten riesgos de privacidad ante la concentración masiva de información en bases estatales, recordando vulnerabilidades previas en sistemas similares. Algunos lo ven más como un «registro universal con datos en manos del Estado» que, como una verdadera universalización de la atención, y anticipan posibles amparos o incumplimientos de derechos. Aunque el gobierno defiende que la credencial ordenará padrones y facilitará la continuidad de tratamientos, los detractores coinciden en que, sin inversión proporcional en personal, infraestructura y medicamentos, el documento solo servirá para «acceso en el papel» y posiblemente para manipular estadísticas oficiales de pobreza y cobertura sanitaria.
El proceso de credencialización avanza, pero el debate sobre si resuelve o distrae de las urgencias reales del sistema de salud mexicano apenas comienza.
