Traslado de presuntos operadores criminales a EE.UU. se realizó bajo cooperación bilateral, informa Harfuch.
Las personas fueron llevadas a diversas ciudades de la Unión Americana Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Con esta operación, suman 92 los presuntos criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración federal, según el reporte oficial.
Fernanda Ruíz
Ciudad de México.– El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que este lunes fueron trasladados a Estados Unidos 37 presuntos operadores de organizaciones criminales considerados de “alto impacto”, en una acción coordinada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
De acuerdo con lo publicado por el funcionario en su cuenta de X, el traslado se efectuó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con autoridades estadounidenses. Señaló que la medida se realizó con “pleno respeto a la soberanía nacional” y a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el compromiso expreso de que no se solicitará la pena de muerte para las personas trasladadas.
Las personas fueron llevadas a diversas ciudades de la Unión Americana Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Con esta operación, suman 92 los presuntos criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración federal, según el reporte oficial.
Desde la perspectiva del gobierno federal, estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de grupos delictivos y disminuir los niveles de violencia en el país, al retirar de territorio nacional a personas señaladas como generadoras de inestabilidad y riesgo a la seguridad pública.
No obstante, el traslado de personas a jurisdicciones extranjeras ha generado debates recurrentes entre especialistas y organizaciones civiles, quienes subrayan la necesidad de garantizar el debido proceso, la transparencia en los procedimientos y el respeto a los derechos humanos, así como de fortalecer las capacidades del sistema de justicia mexicano para juzgar delitos de alto impacto en el país.
Hasta el cierre de esta edición, no se han dado a conocer los nombres ni los cargos específicos de las personas trasladadas, ni se ha emitido una postura pública adicional por parte de autoridades judiciales mexicanas o estadounidenses sobre los casos en particular
