Toluca, tierra de cuotas: la extorsión que exhibe el fracaso del Estado.
El mensaje es simple y brutal: paga o muere.Un gobierno que no controla su territorio
Staff
Mientras el Gobierno del Estado de México presume operativos, detenciones y estrategias contra el crimen, en las calles de Toluca y del Valle de México la realidad es otra: comerciantes, transportistas y ciudadanos siguen pagando “derecho de piso” como si se tratara de un impuesto paralelo impuesto por el crimen organizado. La extorsión no sólo no ha sido erradicada, sino que se ha normalizado.
En mercados, pollerías, tortillerías y pequeños negocios de colonias populares y zonas comerciales, los grupos delictivos operan con absoluta impunidad. La llamada Familia Michoacana y células locales como Los Toluqueños o Los Alfas han establecido tarifas claras: hasta dos pesos por cada kilo de pollo vendido, pagos semanales obligatorios o cuotas fijas que, de no cubrirse, se castigan con balas, incendios o amenazas de muerte.
El mensaje es simple y brutal: paga o muere.Un gobierno que no controla su territorio, lo más grave no es sólo la existencia de estos grupos criminales, sino su capacidad para operar a plena luz del día sin que la autoridad los detenga. En Toluca, capital del Estado de México, el crimen organizado cobra, amenaza, castiga y controla mercados enteros sin que la policía municipal o estatal intervenga de manera eficaz.
Esto evidencia una realidad incómoda:el Estado ha perdido el control de amplias zonas económicas y sociales, los comerciantes no confían en denunciar porque saben que la protección oficial no existe o, peor aún, porque temen represalias. Muchos señalan que después de acudir al Ministerio Público o a la policía, los delincuentes se enteran de inmediato. La pregunta es inevitable:
¿quién filtra la información?, ¿quién protege a los extorsionadores?
La otra extorsión: la que viene de la autoridad, a la violencia del crimen se suma un problema igual de corrosivo: la extorsión desde dentro del propio gobierno. Policías municipales, agentes de tránsito y servidores públicos han sido acusados de exigir pagos ilegales a comerciantes, conductores y vendedores ambulantes, incluso aceptando transferencias bancarias o cobros con tarjeta.
Así, para muchos ciudadanos, el uniforme dejó de representar protección y se convirtió en una amenaza más.
El resultado es devastador: el ciudadano queda atrapado entre dos fuegos: el crimen organizado y la corrupción oficial sin a quién recurrir.
La extorsión no sólo destruye negocios; también encarece la vida. Cuando un grupo criminal cobra por kilo de pollo, por caja de tortillas o por abrir una cortina, ese costo se traslada al consumidor. La canasta básica sube no por el mercado, sino por el crimen.
Es una forma de saqueo colectivo tolerado por la omisión del Estado.
La administración municipal ha sido incapaz de construir una política real de protección a comerciantes. No hay una estrategia visible, ni una red de apoyo, ni presencia efectiva en mercados, tianguis y corredores comerciales, donde la extorsión es cotidiana.
Toluca, capital del estado, debería ser ejemplo de orden y autoridad. Hoy es símbolo de debilidad institucional.
Aunque el gobierno federal y estatal anuncian detenciones y cifras a la baja, en la vida diaria el miedo sigue mandando. La gente no mide la seguridad por boletines, sino por si puede abrir su negocio sin pagarle a un criminal o a un policía corrupto.
Y hoy, en Toluca y el Valle de México, la respuesta es clara: no puede.
La extorsión es un impuesto criminal, lo que ocurre ya no es delincuencia aislada. Es un sistema de recaudación ilegal que funciona mejor que muchas dependencias públicas. Y eso solo es posible cuando el Estado falla.
Mientras el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Toluca no rompan de raíz la colusión, la corrupción y la ineficacia, la extorsión seguirá siendo el verdadero poder en las calles.
En el Estado de México, hoy, quien cobra no es el SAT: es el crimen organizado. Y quién paga, como siempre, es la gente
