Congreso mexiquense abre la llave del endeudamiento municipal rumbo a 2027
Bajo el argumento de impulsar infraestructura, la Legislatura autoriza a ayuntamientos comprometer recursos del FAIS en un contexto preelectoral
Fernanda Ruíz
La LXII Legislatura del Estado de México aprobó una disposición que otorga manga ancha a los ayuntamientos para contratar deuda pública, bajo el argumento de financiar infraestructura social, en una decisión que despierta alertas por su oportunidad política y los riesgos financieros que podría heredar a las siguientes administraciones municipales.
Con la autorización, cada municipio podrá contratar uno o varios financiamientos sin exceder el 25 por ciento anual de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), comprometiendo ingresos futuros en un periodo que coincide con la antesala de las elecciones de 2027.
Infraestructura como pretexto, deuda como herencia, el decreto aprobado como parte del Paquete Fiscal 2026 establece que los recursos deberán destinarse a inversiones públicas productivas, como agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación, rubros históricamente utilizados para justificar gasto acelerado en el cierre de administraciones.
Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de esquemas, aunque legales, suelen convertirse en instrumentos de endeudamiento político, donde la urgencia de “obra” se antepone a la planeación de largo plazo, dejando pasivos financieros a los gobiernos entrantes.
Ecatepec, el municipio con mayor margen para endeudarse, bajo este esquema, Ecatepec encabeza la lista de municipios con mayor capacidad de endeudamiento, al poder contratar créditos hasta por 204 millones 601 mil 756 pesos, una cifra significativa para un municipio que enfrenta graves problemas de inseguridad, servicios públicos colapsados y desabasto de agua.
El caso de Ecatepec resulta emblemático: más deuda no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones de vida, y el historial de obras inconclusas, opacas o de bajo impacto mantiene encendida la desconfianza ciudadana.
Controles formales, vigilancia débil, aunque el Congreso argumenta que existen candados como la autorización de cabildo, la revisión de la capacidad de pago y la obligación de liquidar los créditos antes del 30 de noviembre de 2027, la experiencia demuestra que la fiscalización real suele llegar tarde, cuando los recursos ya fueron ejercidos y las administraciones responsables dejaron el cargo.
Además, la posibilidad de contratar financiamientos durante 2025 y 2026 abre la puerta a un uso electoral de la obra pública, justo cuando alcaldes y grupos políticos comienzan a posicionarse para la reelección o la sucesión municipal.
Elecciones en el horizonte y gasto acelerado, el calendario no es menor. Con las elecciones de 2027 en puerta, el endeudamiento autorizado puede convertirse en combustible para campañas anticipadas, donde la obra pública se utilice como escaparate político, mientras el costo financiero se traslada a futuras administraciones y, en última instancia, a la ciudadanía.
El Congreso mexiquense sostiene que la medida busca mejorar la calidad de vida de la población en pobreza y rezago social, pero la coincidencia con el ciclo electoral obliga a una lectura crítica: más deuda no siempre significa más desarrollo.
La decisión legislativa deja una pregunta abierta:
¿Se trata de una política responsable de inversión en infraestructura o de una autorización estratégica para gastar hoy y pagar mañana, cuando ya haya cambiado el mapa político?
Mientras los ayuntamientos celebran la flexibilidad financiera, la factura del endeudamiento quedará como legado para los próximos gobiernos municipales, en un Estado de México donde la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo la deuda más grande
