¿QUÉ PASA SI ESCONDEMOS A LOS JUECES?
La propuesta de “jueces sin rostro” reabre el debate entre seguridad y derechos fundamentales.
En un contexto marcado por el incremento de la violencia, las amenazas contra operadores de justicia y el avance del crimen organizado en distintas regiones del país, ha comenzado a tomar fuerza en el debate público y legislativo la figura de los llamados “jueces sin rostro”, una medida excepcional que busca proteger la identidad de los juzgadores que conocen asuntos de alto riesgo.
La propuesta surge como respuesta a un escenario donde jueces, magistrados y fiscales han sido víctimas de intimidaciones, atentados y presiones criminales, generando una creciente preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar la impartición de justicia sin coerción ni miedo.
El debate no es nuevo. Uno de los antecedentes más citados es el caso de Colombia, donde durante las décadas de los años ochenta y noventa, en plena ofensiva de los cárteles del narcotráfico y grupos armados, se implementó un sistema de jueces anónimos para enfrentar el poder de organizaciones criminales que habían infiltrado y amenazado gravemente al Poder Judicial.
En aquel contexto, los jueces sin rostro permitieron al Estado colombiano procesar a líderes criminales cuando la vida de los juzgadores estaba en riesgo permanente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el modelo fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos y terminó siendo desmontado, al considerarse que vulneraba garantías básicas como el debido proceso, la transparencia judicial y el derecho a una defensa plena.
Hoy, la discusión resurge en México ante un panorama de violencia persistente, donde algunos sectores consideran que ocultar la identidad de los jueces podría ser una herramienta para frenar la intimidación criminal, mientras que otros advierten que esta medida podría abrir la puerta a abusos, opacidad y debilitamiento del Estado de derecho.
Especialistas en materia jurídica señalan que el dilema no es menor: proteger la vida de quienes imparten justicia es una obligación del Estado, pero hacerlo a costa de sacrificar principios fundamentales del sistema penal podría generar consecuencias más graves a largo plazo.
La pregunta de fondo permanece abierta: ¿se trata de una medida necesaria ante una emergencia de seguridad o de un retroceso democrático que normaliza la excepción como regla?
Por ahora, cualquier intento de implementar jueces sin rostro implicaría reformas legales profundas y un debate nacional que enfrenta dos realidades: la violencia que amenaza al sistema judicial y la necesidad de preservar las garantías que sostienen la justicia.
Columna; Emiliano Maldonado.
Viernes 02 de enero del 2026
