Diputados debaten la inseguridad desde la comodidad del poder
Mientras la población vive el miedo diario, el Congreso local apenas “analiza” la crisis de seguridad
La población enfrenta la inseguridad en el transporte público, en las calles y en sus propios hogares, muchos diputados se trasladan en vehículos de alta gama, con escoltas y, en algunos casos, unidades blindadas, pagadas con recursos públicos. Desde esa burbuja de privilegios resulta fácil “analizar” la inseguridad como un asunto técnico, ajeno y lejano.
FIRR
Toluca, Estado de México. En un estado donde más del 70 por ciento de la población identifica a la inseguridad como uno de los principales problemas, los diputados locales del Estado de México apenas comienzan a analizar el tema, y no por iniciativa propia, sino porque la gobernadora Delfina Gómez Álvarez les envió una propuesta de reforma en materia de atribuciones policiales. La realidad cotidiana de asaltos, extorsiones y violencia sigue muy lejos de los muros del Poder Legislativo.
La LXII Legislatura mexiquense estudiará la iniciativa de la gobernadora que plantea que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos. El objetivo, según el documento, es consolidar un modelo integral de seguridad que abarque prevención, persecución del delito, atención a las causas y fortalecimiento del tejido social.
Sin embargo, el hecho de que el Congreso apenas discuta el tema evidencia una desconexión profunda entre los legisladores y la realidad que viven millones de mexiquenses desde hace años.
Mientras la población enfrenta la inseguridad en el transporte público, en las calles y en sus propios hogares, muchos diputados se trasladan en vehículos de alta gama, con escoltas y, en algunos casos, unidades blindadas, pagadas con recursos públicos. Desde esa burbuja de privilegios resulta fácil “analizar” la inseguridad como un asunto técnico, ajeno y lejano.
Esa distancia explica por qué para el Congreso la crisis de seguridad parece un tema de agenda y no una urgencia social.
La iniciativa propone armonizar la Constitución local con la federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo que las policías auxiliares apoyen al Ministerio Público y que la seguridad sea una función concurrente entre Federación, estado y municipios.
También detalla principios como el respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona y el federalismo cooperativo. Todo ello suena correcto en el papel, pero insuficiente frente a una realidad donde la impunidad, la falta de resultados y la desconfianza ciudadana siguen siendo la norma.
De acuerdo con la ENVIPE, el 71.3 por ciento de los mexiquenses considera a la inseguridad como uno de los principales problemas del estado. Aun así, el Congreso actúa con parsimonia, como si el problema no tocará sus puertas ni altera su vida diaria.
Para la ciudadanía, la inseguridad no es un documento legislativo ni una sesión de análisis: es una experiencia diaria. Para muchos diputados, en cambio, es solo otro tema más que discutir, protegidos por las mieles del poder y el presupuesto público.
