El Gobierno obliga a las operadoras a invertir 73 millones en blindar sus redes ante apagones. Si no lo hacen, las sanciones son enormes
El ministerio de Transformación Digital ha sacado a audiencia pública un real decreto que fuerza a las principales operadoras –Telefónica, Masorange, Vodafone y Digi– a invertir hasta 73 millones de euros para blindar sus redes ante apagones como el de abril y catástrofes naturales como la DANA.
Por qué es importante. Las operadoras van a tener que reforzar 7.280 de sus 10.400 emplazamientos estratégicos. Actualmente solo el 30% dispone de baterías o generadores suficientes para mantener el servicio durante al menos cuatro horas sin suministro eléctrico.
La inversión obligatoria llega en un momento especialmente delicado: Telefónica está ejecutando un ERE y en otras hay planes de recorte de costes.
Las obligaciones. El 85% de la población española debe mantener acceso a las telecomunicaciones –incluidas llamadas de emergencia– durante al menos cuatro horas en caso de corte eléctrico.
Las infraestructuras críticas tendrán exigencias más duras:
- Primer nivel (cables submarinos, centros de datos principales, nodos troncales): operatividad garantizada durante 24 horas.
- Nivel intermedio (puntos de intercambio de internet, sistemas satelitales): 12 horas mínimas de autonomía.
- Resto de infraestructuras (antenas de red móvil estándar): cuatro horas de servicio continuado.
El palo y la zanahoria. Si las empresas no cumplen, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones podrá hacer inspecciones, auditorías y solicitar acceso a datos en cualquier momento.
Las infracciones graves pueden acarrear multas de hasta 2 millones de euros a la empresa. Además, los directivos que hayan participado en decisiones que incumplan la norma pueden recibir multas personales de hasta 30.000 euros.
- La medida más dura es que el Gobierno se reserva el derecho a suspender temporal o totalmente las licencias de operación. También podrá prohibir que ciertos directivos ejerzan funciones de dirección.
Sí, pero. La norma exime de sanción a directivos que no asistieran a las reuniones donde se tomaron decisiones contrarias a la regulación, o que votaran en contra de ellas.
Coordinación con Defensa e Interior. Se creará una mesa de coordinación entre Transformación Digital, Interior, Defensa, Seguridad Nacional, comunidades autónomas y la CNMC. No gestionará incidentes directamente, sino que actuará como foro estratégico para elaborar protocolos, recomendaciones y buenas prácticas.
También participarán asociaciones de operadores, fabricantes y organizaciones de consumidores.
El contexto. El real decreto responde directamente a crisis recientes como la DANA de Valencia o la erupción del volcán de La Palma, donde los cortes de comunicación dificultaron las labores de emergencia y la coordinación de los afectados.
La normativa entrará en vigor tras superar la audiencia pública, ser aprobada en el Consejo de Ministros y ratificada en el Congreso.
Imagen destacada | Zac Gudakov
