Inacción y desencuentros: el Gobierno federal enfrenta creciente presión de productores y transportistas.

Los productores de maíz y transportistas sostienen que no buscan discursos ni promesas, sino soluciones reales frente a problemas que, aseguran, han sido ignorados durante demasiado tiempo.
Staff
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2025.– La tensión social volvió a exhibir las grietas del Gobierno federal, luego de que productores de maíz y transportistas denuncian la falta de respuesta ante demandas que, aseguran, llevan meses ignoradas. Las protestas, que continúan creciendo en distintas regiones del país, ponen en duda la capacidad de la administración federal para atender conflictos esenciales para la economía y la seguridad.
Por un lado, los productores de maíz insisten en la necesidad de establecer un precio justo, pues afirman que los costos de producción se han disparado mientras los apoyos y los mecanismos de comercialización permanecen estancados. Las manifestaciones, que se han intensificado en las últimas semanas, buscan presionar al Gobierno para que intervenga antes de que la crisis en el campo se profundice.
A este malestar se suma el paro y movilización de los transportistas, quienes denuncian un clima de inseguridad insostenible. Según las organizaciones del sector, alrededor de 70 unidades de carga son robadas cada día en el país, cifra que golpea directamente a la cadena logística y económica nacional. Pese a la gravedad del señalamiento, los transportistas aseguran que hasta ahora no han recibido acciones contundentes del Gobierno federal para reducir los ataques en carreteras.
El conflicto se tensó aún más después de que representantes de los transportistas acusaran a la Secretaría de Gobernación de intentar amedrentarlos con supuestas carpetas de investigación para inhibir las protestas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum negó públicamente que su gobierno recurriera a este tipo de prácticas, aunque el descontento entre los inconformes persiste.
La molestia escaló también en el ámbito político. En días recientes, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de Morena, dejó plantados a 22 representantes de los agricultores del país, con quienes tenía programada una reunión para dialogar sobre la problemática del campo. La ausencia del legislador fue interpretada como una falta de voluntad para atender una crisis que afecta directamente a miles de familias productoras.
Ante este panorama, la crítica más recurrente apunta a la inacción del Gobierno federal, que parece atrapado entre el desgaste político y la incapacidad de articular una respuesta clara y eficaz. Los sectores afectados advierten que, de no haber acuerdos inmediatos, las movilizaciones continuarán e incluso podrían escalar a niveles que comprometan seriamente la estabilidad económica y social.
Mientras tanto, productores y transportistas sostienen que no buscan discursos ni promesas, sino soluciones reales frente a problemas que, aseguran, han sido ignorados durante demasiado tiempo.












