Congreso mexiquense analiza nuevo paquete fiscal: más programas de regularización, mismas dudas sobre eficiencia recaudatoria.
El paquete contempla dos mecanismos centrales: la regularización de adeudos de contribuyentes particulares y la condonación de multas y recargos para organismos autónomos, municipios y entes bajo control estatal.
Fernanda Ruíz
El Congreso del Estado de México inició el análisis del Paquete Fiscal 2026, que incluye nuevos programas de regularización de adeudos fiscales y subsidios, pero que también revive cuestionamientos sobre la falta de estrategias de fondo para mejorar la disciplina tributaria y la recaudación estatal.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, las propuestas del Ejecutivo buscan facilitar que personas físicas, morales y entes públicos liquiden deudas acumuladas por impuestos, derechos de control vehicular y créditos fiscales. Sin embargo, estos programas —recurrentes en los últimos años han generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que su uso continuo termina premiando el incumplimiento y desincentiva el pago puntual.
El paquete contempla dos mecanismos centrales: la regularización de adeudos de contribuyentes particulares y la condonación de multas y recargos para organismos autónomos, municipios y entes bajo control estatal. Aunque se presenta como una medida para “fortalecer las finanzas públicas”, no se detalla cómo evitar que los mismos entes vuelvan a acumular deudas futuras ni qué sanciones existirán para quienes incumplan de manera reiterada.
Una de las propuestas más visibles es la disminución de hasta el 100% en multas y recargos por adeudos fiscales. Para críticos del tema, este tipo de estímulos terminan enviando un mensaje ambiguo: pagar tarde —o no pagar— puede salir más barato que cumplir en tiempo y forma.
El paquete también incorpora nuevos subsidios, entre ellos uno del 100% en el Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal para asociaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate y protección de animales. Aunque el apoyo ha sido bien recibido por colectivos animalistas, voces opositoras señalan que los subsidios siguen ampliándose sin que exista un análisis público sobre su impacto financiero ni una regla clara para su permanencia o revisión anual.
Otro punto que generó comentarios entre legisladores es la inclusión, en los artículos transitorios, de facilidades para que organismos del Estado firmen convenios con la Secretaría de Finanzas para saldar adeudos pendientes. Para algunos diputados, esto evidencia que el déficit de disciplina financiera no se limita a ciudadanos o empresas, sino que alcanza también a instituciones que deberían dar ejemplo de cumplimiento.
Pese a las dudas y críticas, la bancada mayoritaria ha defendido que la propuesta busca “promover la equidad tributaria” y garantizar la estabilidad de ingresos durante 2026. No obstante, el documento no incluye estrategias de largo plazo para evitar la dependencia de estos programas extraordinarios de regularización.
De ser aprobados, los lineamientos para acceder a los beneficios fiscales se publicarán en la Gaceta del Gobierno. Sin embargo, por ahora el debate se centra en una pregunta clave: ¿el Estado avanza hacia una cultura contributiva más sólida o sigue apostando por medidas temporales que sólo tapan los huecos recaudatorios año con año
