De acuerdo con la Fiscalía, Juan “N” —identificado como dirigente de FITTAM y vocero de SUTMEX. habría utilizado estas organizaciones para intervenir en trámites de predios irregulares y, paralelamente, operar un esquema de acaparamiento y cobro ilícito del suministro de agua mediante pipas en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Staff
Toluca, Estado de México, 22 de noviembre de 2025.- En el marco de la Operación “Caudal”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Juan “N” y Guillermo “N”, señalados como líderes de organizaciones sociales que, bajo la fachada de sindicatos, presuntamente operaban una estructura dedicada a la extracción, distribución y comercialización ilegal de agua potable en diversos municipios de la entidad. Con estas detenciones, suman tres los objetivos prioritarios capturados en la segunda fase del operativo.
De acuerdo con la Fiscalía, Juan “N” —identificado como dirigente de FITTAM y vocero de SUTMEX. habría utilizado estas organizaciones para intervenir en trámites de predios irregulares y, paralelamente, operar un esquema de acaparamiento y cobro ilícito del suministro de agua mediante pipas en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. También se le vincula con agresiones contra operadores de pipas ajenas, así como presiones a purificadoras para contratar el servicio con sus grupos. Al momento de su detención, los agentes aseguraron armas de fuego, cartuchos y bolsas con aparente marihuana. Juan “N” fue ingresado al penal correspondiente por el delito de extorsión.
En el caso de Guillermo “N”, la FGJEM lo identifica como pieza clave dentro del llamado “Sindicato 22 de Octubre”, organización señalada por una amplia lista de ilícitos —desde extorsión hasta narcomenudeo— en municipios como Chalco e Ixtapaluca. La autoridad sostiene que, por instrucciones de Christian Jesús “N”, alias “Gimy” o “Jimmy”, Guillermo “N” realizaba conexiones clandestinas a la red de agua potable para luego “administrar” y vender el recurso mediante pipas de su agrupación. También fue detenido e ingresado al penal de Nezahualcóyotl por el delito de extorsión.
La Fiscalía destaca que estas detenciones forman parte de una estrategia para desmontar estructuras que, durante años, operaron una red paralela de suministro de agua con fines de lucro, afectando directamente a comunidades que padecen escasez del recurso. La institución subraya que todas las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que exista sentencia condenatoria.
Si bien el operativo “Caudal” ha permitido la captura de tres objetivos prioritarios —entre ellos Christian Jesús “N”, regidor de Chalco y presunto líder del “Sindicato 22 de Octubre”— especialistas y organizaciones ciudadanas han señalado que estas estructuras delictivas crecieron durante años frente a la inacción de diversas autoridades municipales y estatales.
En municipios donde el desabasto de agua es constante, vecinos cuestionan cómo fue posible que grupos con evidente capacidad logística, financiera y territorial operaran tomas clandestinas, pipas afiliadas y cobros sistemáticos sin ser detectados antes. También cuestionan hasta dónde llegarán las investigaciones y si el operativo desmantelará a todos los involucrados, incluyendo servidores públicos que, como reconoce la propia Fiscalía, también forman parte de la cadena ilícita.
Por otro lado, organizaciones sociales han advertido que la criminalización generalizada de sindicatos o colectividades podría generar estigmatización si no se presentan pruebas sólidas caso por caso. Señalan que, si bien existen grupos que operan al margen de la ley, otros colectivos laborales y comunitarios nada tienen que ver con las acusaciones.
La Operación “Caudal” se ha convertido en uno de los esfuerzos más visibles del Estado de México para recuperar el control del suministro de agua en zonas donde el servicio se volvió rehén de intereses particulares. Sin embargo, especialistas coinciden en que la raíz del problema no solo es criminal, sino también estructural: infraestructura deteriorada, falta de control en redes municipales, opacidad en la asignación de pipas y debilidad institucional frente a grupos que llenaron el vacío de autoridad.
Mientras avanza la segunda fase del operativo, el reto será demostrar que estas detenciones no son solo golpes mediáticos, sino pasos concretos para garantizar el derecho al agua y devolver la rectoría del recurso a la autoridad legalmente constituida.
