El Constitucional ha congelado 6.700 millones del Impuesto de Patrimonio. Los millonarios tendrán que esperar a 2026
El Tribunal Constitucional ha retrasado hasta 2026 su decisión sobre la legalidad del actual Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo que afecta a unos 200.000 contribuyentes en España y que en los últimos años ha recaudado más de 6.700 millones de euros, según adelantaba El Economista.
Esta demora genera mucha incertidumbre sobre si los contribuyentes más adinerados podrán recuperar o no las cantidades que han venido pagando desde 2021, cuando el impuesto pasó de temporal a permanente y se elevó su tipo máximo al 3,5%.
Historia de un impuesto polémico. El Impuesto sobre el Patrimonio se creó en 1977 y fue reformado en 1991 para redefinir sus objetivos. Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se anuló su gravamen, aunque la figura del impuesto como tal no se eliminó, y en 2011 se restableció temporalmente por necesidades de recaudación. Desde esa fecha se ha ido prorrogando anualmente bajo la etiqueta de «temporal» hasta que en 2021 se hizo permanente y se elevó el tipo máximo del 2,5% al 3,5%.
Tal y como recogió Cinco Días en 2021, este cambio fue cuestionado por el grupo parlamentario Popular que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional argumentando que unas modificaciones tan estructurales –en definitiva, se estaba creando en firme un nuevo impuesto—no podían hacerse a través de una ley presupuestaria, de acuerdo al artículo 134.7 de la Constitución. De resultar inconstitucional, Hacienda debería devolver todo lo recaudado por este impuesto desde 2021 con intereses a sus contribuyentes, un pago que parte de una estimación de 6.700 miles de millones de euros.
El impacto para los contribuyentes. Atendiendo a la jurisprudencia, si el Tribunal declara inconstitucional el impuesto en su forma actual, solo podrán recuperar los pagos aquellos contribuyentes que hayan solicitado previamente una rectificación de sus declaraciones o iniciado un procedimiento de devolución. El resto no tendría derecho a recuperar lo pagado porque, generalmente, las sentencias no tienen efecto retroactivo, como ya sucedió cuando el Tribunal Supremo declaró nula la plusvalía municipal y se tuvieron que devolver los pagos.
Ángel Sánchez, socio del despacho Golden Partners, especializado en fiscalidad inmobiliaria aseguraba a El Independiente que «la falta de certeza sobre si el impuesto es o no constitucional tiene un impacto directo en las decisiones económicas de los contribuyentes. Nadie sabe si dentro de un año lo que hoy se paga podrá ser reclamado». Ante esa incertidumbre, el experto advierte de que «solo podrán recuperar lo pagado los contribuyentes que hayan presentado una solicitud de rectificación o, en su caso, una reclamación administrativa. Quien no haya actuado preventivamente perderá ese derecho».
Está en el aire, pero sigue vigente. Algo que sí están advirtiendo los expertos fiscales es que, aunque el Impuesto de Patrimonios esté en tela de juico, hasta que la justicia ordene acciones se mantienen vigente. Eso significa que si los contribuyentes no pagan mientras el impuesto sigue vigente, podrían recibir sanciones, recargos e intereses por incumplimiento, independientemente de lo que sentencia el Constitucional.
Sánchez aclara que «no declarar constituye una infracción tributaria. La estrategia adecuada es cumplir con la obligación y, en paralelo, presentar la reclamación o rectificación para mantener vivo el derecho a devolución», de ese modo, se podrían reclamar los importes si el Constitucional ordena su derogación. El plazo para reclamar cubre ejercicios fiscales desde 2021 hasta 2024.
Las consecuencias futuras. Si el Constitucional avala la constitucionalidad del impuesto, este seguirá vigente y consolidado como un tributo permanente. En cambio, si lo declara inconstitucional, el Gobierno podría aprobar una nueva ley que respete los procedimientos legales adecuados para mantenerlo. También podría iniciarse un debate sobre sustituirlo por otra figura tributaria más uniforme o ligada al Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas, que tan buenos resultados ha tenido.
Incluso podría darse el supuesto de una declaración parcial de inconstitucionalidad, restableciéndose al tipo máximo anterior del 2,5% o devolver el impuesto al carácter temporal que tenía desde 2021, lo que implicaría que el Gobierno debería prorrogarlo cada año.
En cualquier caso, la demora en la decisión del Constitucional mantiene a miles de contribuyentes en espera de una sentencia que definirá el futuro inmediato del impuesto y la posibilidad de recuperar millones de euros que se han recaudado en los últimos años.
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Imagen | Wikimedia Commons (K3T0), Unsplah (omid armin)
