El ISSEMyM: Un Pozo Negro de Corrupción que Condena al Olvido a los Más Vulnerables.
El detonador reciente llegó de la boca de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 8 de octubre de 2024, donde expuso la privatización de laboratorios en el ISSEMyM: quirófanos, ambulancias y análisis clínicos cedidos a privados con contratos inflados, influenciados por exdirectores y políticos de alto rango.
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Toluca, Estado de México, 22 de octubre de 2025 –Doña María, una maestra jubilada de 68 años en Ecatepec, que ha esperado tres años por su pensión mientras su artritis la postra en una silla de ruedas, sin medicinas ni consultas. O a don Javier, un bombero de Toluca que cancela cirugías por la saturación de quirófanos, viendo cómo su hernia se agrava en silencio. Estas no son historias aisladas; son el rostro humano de la agonía del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), una institución que debería ser su refugio y que se ha convertido en su verdugo. Bajo capas de corrupción enquistada, negligencia y directores que prometen el cielo, pero entregan infiernos, el ISSEMyM arrastra a más de 837 mil derechohabientes servidores públicos, pensionados y familias hacia un colapso. La corrupción no es un rumor; es un monstruo documentado en auditorías y protestas que claman en las calles. Funcionarios como Miguel Ángel Colín García, director de Gestión y Control durante la era de Alfredo del Mazo Maza (2018-2023), han sido señalados por licitaciones amañadas y contratos millonarios adjudicados a empresas fantasma, como en el caso de la terapia endovascular neurológica en 2021, dónde documentos falsos allanaron el camino a proveedores sin experiencia. Bajo su sombra, se descubrieron adjudicaciones directas que marginaron a proveedores legítimos y engordaron bolsillos privados, dejando en 2022 un rastro de irregularidades que, según reportes locales, sumaron cientos de millones desviados. No muy lejos, Bertha Alicia Casado Medina, directora general hasta 2023 y cercana al grupo Atlacomulco, ignoró denuncias de hostigamiento laboral y sexual en la Unidad Jurídica, mientras su gestión permitió pensiones «por gracia» –más de 500 casos ilegales, sin historial laboral, que chupan recursos como un cáncer. Estos nombres no son excepciones; son el hilo conductor de un tapiz podrido, tejido con favoritismos a candidatas sindicales como Nadia Torres y complicidades con operativos como Martín Sánchez, quien manipulaba sistemas para blindar aliados.
El detonador reciente llegó de la boca de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 8 de octubre de 2024, donde expuso la privatización de laboratorios en el ISSEMyM: quirófanos, ambulancias y análisis clínicos cedidos a privados con contratos inflados, influenciados por exdirectores y políticos de alto rango. «Se privatizaron laboratorios, todo detrás de contratos con influencia de políticos», denunció Sheinbaum, aludiendo a un modelo que desvió miles de millones, similar al escándalo del ISSSTE nacional con 15 mil mdp en desvíos. En el Edomex, esto se traduce en 27 mil millones de pesos de deuda para 2025, según el ex contralor Victorino Barrios, con farmacias saturadas al 70% de desabasto y medicamentos caducos escondidos en cuartos olvidados. AD Noticias, el medio que ha destapado más grietas en esta cloaca con reportajes como «El ABC de la crisis del ISSEMyM», revela que estos desfalcos iniciaron en 1999 bajo Arturo Montiel, pero explotaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2005-2011), pulverizando el patrimonio con movimientos financieros riesgosos y desaparición de partidas presupuestales. Comparado con crisis pasadas, el panorama actual es un déjà vu sangriento, pero con esteroides. Bajo Peña Nieto, el ISSEMyM vio su deuda triplicarse por pensiones infladas y contratos opacos, culminando en protestas masivas en 2011 donde jubilados bloquearon la Autopista México-Toluca exigiendo pagos atrasados; se «resolvió» con inyecciones temporales de fondos estatales, pero sin reformas, dejando un hueco de 10 mil mdp. Arturo Montiel (1999-2005) inició el festín con desfalcos iniciales de 5 mil mdp en fondos de pensiones, «arreglados» con endeudamiento que hipotecó el futuro. Eruviel Ávila (2011-2018) sumó negligencia en servicios, con colapsos hospitalarios por desabasto durante la influenza H1N1, mitigados por ayuda federal, pero sin tocar raíces corruptas. La peor crisis, sin duda, fue la de Peña Nieto: un desangre sistemático que dejó al instituto al borde del abismo en 2012, con 18 mil mdp en déficits por «pensiones fantasmas» y privatizaciones incipientes. Se «resolvió» con un rescate estatal de 12 mil mdp y auditorías selectivas que barrieron bajo la alfombra, pero sin castigos reales, sembrando la semilla del caos actual.
Hoy, bajo Delfina Gómez Álvarez (2023-actual), la historia se repite: el director Ignacio Salgado García llegó en 2024 con pompa de «alta calificación» –licenciado en Administración por la UAEM y máster en Periodismo Político–, prometiendo transparencia y eficiencia en su comparecencia inicial. Pero un año después, su gestión se desinfla como un globo pinchado: favoritismos en pensiones resueltas «por indicación directa» en semanas, mientras otros esperan años; contratos anulados con Falcón y Arquina por 192 mdp en sobrecostos, pese a propuestas más baratas ignoradas. Salgado, que debería liderar el rescate, ha sido acusado de rezagos administrativos, como listas de medicamentos indefinidas para 2026 a mitad de 2025.
La actual catástrofe humana es implacable. La falta de 40% de médicos especialistas –de un total de 48 mil en el sistema nacional, pero solo un puñado en el ISSEMyM– deja quirófanos saturados: 1,800 cirugías retrasadas en 2025, con cancelaciones masivas por desabasto de insumos y personal fugado por salarios precarios. En hospitales como el de Toluca, pacientes como don Javier esperan meses por una hernia, mientras emergencias colapsan con listas de espera de 5 mil citas mensuales. Doña María, en su silla, representa a 80 mil pensionados con pagos atrasados de hasta tres años, y a familias que venden lo poco que tienen para consultas privadas. El desabasto crónico –70% en farmacias, según Capital Estado de México– obliga a traslados interminables, agravando desigualdades en un estado con 17 millones de almas.
El rescate prometido por Gómez Alvárez reforma a la Ley de Seguridad Social, aportaciones progresivas y revisión de contratos es un bálsamo tardío, según el secretario de Finanzas Óscar Flores: «Es una ruta en marcha, no una promesa». Pero sin rendición de cuentas real, ¿quién creerá? La opacidad financiera del ISSEMyM es una afrenta: los estados financieros no se socializan, encerrados en escritorios; el informe anual del director, cuando existe, es un secreto mejor guardado que un tesoro pirata; la cartera de inversiones del fondo de pensiones, que debería garantizar el futuro de miles, es un misterio, y los estudios actuariales, vitales para calcular la viabilidad del sistema, son invisibles para los derechohabientes. Esta falta de transparencia no es error; es estrategia para ocultar el saqueo. Publicar estos datos en un portal accesible, con auditorías independientes y sanciones a corruptos, sería el primer paso para devolverle dignidad a doña María, a don Javier y a los 837 mil olvidados. Sin ello, el ISSEMyM no es solo números rojos; es el latido ahogado de miles traicionados por una institución que prioriza el botín sobre la vida. Es hora de que Delfina Gómez, Salgado y el Congreso mexiquense actúen con coraje y no pasen a la historia como cómplices de la corrupción como los políticos anteriores: auditorías públicas, juicios a corruptos y un pacto por la salud humana. De lo contrario, esta crisis no será la peor; será la última.
