Embarazos en menores de edad, un reto persistente en el Estado de México.
Los especialistas atribuyen la persistencia del fenómeno a una combinación de factores sociales, económicos y culturales, entre ellos la falta de educación sexual integral, la violencia de género y las brechas de acceso a servicios de salud reproductiva.
Fernanda Ruíz
Toluca, Méx. — A pesar de los avances en políticas de prevención y acceso a la educación sexual, el embarazo en menores de edad sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y de salud pública en el Estado de México. Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, miles de niñas y adolescentes continúan enfrentando las consecuencias físicas, emocionales y económicas de una maternidad temprana.
De acuerdo con datos oficiales, en 2023 se registraron 28,554 nacimientos de madres adolescentes en la entidad, lo que representa cerca del 15 % del total de nacimientos. De ellos, 532 casos correspondieron a niñas menores de 15 años, mientras que el resto fueron de jóvenes entre 15 y 19 años.
Si bien la cifra ha bajado cerca del 40 % desde 2015, cuando se reportaban más de 53 mil casos, el Estado de México sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional en este indicador.
Causas y contextos de vulnerabilidad; especialistas atribuyen la persistencia del fenómeno a una combinación de factores sociales, económicos y culturales, entre ellos la falta de educación sexual integral, la violencia de género y las brechas de acceso a servicios de salud reproductiva.
De acuerdo con el Proyecto Libélula de la Universidad Autónoma del Estado de México, alrededor del 42 % de los embarazos en niñas de 11 a 14 años son resultado de violación, estupro o incesto, lo que convierte el problema en un tema de derechos humanos y justicia, más allá de la salud pública.
La mayor incidencia se concentra en municipios con menor acceso a servicios educativos y de salud, así como en zonas rurales o marginadas. En esos entornos, muchas adolescentes enfrentan presiones familiares o de pareja, desconocimiento sobre anticonceptivos y escaso acompañamiento institucional.
Los embarazos en menores conllevan riesgos médicos significativos, pues los cuerpos de las niñas y adolescentes aún están en desarrollo. Las complicaciones más frecuentes incluyen parto prematuro, bajo peso al nacer, anemia y preeclampsia. Además, muchas jóvenes carecen de seguimiento médico adecuado durante el embarazo.
Las consecuencias también se extienden al ámbito educativo y social. De acuerdo con la Secretaría de Educación estatal, un alto porcentaje de adolescentes embarazadas abandona la escuela, lo que reduce sus oportunidades laborales y las condena a situaciones de dependencia económica o precariedad.
En el plano emocional, muchas enfrentan depresión posparto, ansiedad y rechazo social, especialmente cuando el embarazo ocurre fuera de una relación estable o es producto de violencia.
El gobierno mexiquense, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Salud, ha implementado programas de prevención del embarazo adolescente, como pláticas en escuelas, campañas sobre derechos sexuales y reproductivos, y servicios de orientación médica y psicológica.
A nivel municipal, Toluca y otras demarcaciones han conformado grupos interinstitucionales para reforzar la atención integral a niñas y adolescentes embarazadas, buscando evitar la deserción escolar y garantizar atención médica oportuna.
Sin embargo, organizaciones civiles advierten que los esfuerzos aún son insuficientes. Piden mejorar la cobertura de educación sexual, garantizar el acceso a anticonceptivos y fortalecer las rutas de denuncia en casos de abuso o violación.
Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja, el embarazo en menores de edad sigue afectando a miles de familias mexiquenses cada año. Los especialistas coinciden en que el desafío no solo está en prevenir los casos, sino también en acompañar a las adolescentes que ya son madres, garantizando su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
El Estado de México enfrenta un reto que combina factores sociales, culturales y estructurales. Reducir los embarazos en menores requerirá una estrategia sostenida que involucre no solo al gobierno, sino también a las escuelas, las familias y la comunidad, para ofrecer a las niñas y adolescentes un futuro con más oportunidades y menos riesgos.
