Promesas verdes, rezago persistente: el campo mexiquense sigue a la espera de una transformación real.
Uno de los señalamientos más contundentes vino de la legisladora Krishna Karina Romero (PAN), quien cuestionó directamente la inacción frente a las extorsiones que sufren las y los productores rurales.
Fernanda Ruíz
Toluca, Estado de México, 9 de octubre de 2025.
En el cierre de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, la comparecencia de la secretaría del Campo, María Eugenia Rojano, dejó más dudas que certezas entre diputadas y diputados del Congreso mexiquense. Aunque se presumieron cifras de inversión y programas de apoyo, la realidad del campo en la entidad continúa marcada por el abandono estructural, la inseguridad y la falta de resultados tangibles.
Una narrativa optimista con terreno estéril, desde las bancadas de Morena, PT y PVEM se celebró la implementación de un “modelo rural más justo, productivo y sostenible”, así como el impulso a la acuicultura, la entrega de tractores y la distribución de insumos agrícolas. Sin embargo, ninguno de estos logros fue acompañado de datos duros sobre mejoras en productividad, ingresos campesinos o reducción de desigualdades territoriales.
Mientras tanto, legisladores de oposición —PRI, PAN, PRD y MC— evidenciaron que el discurso oficial contrasta con la precariedad que aún enfrentan miles de productores. Se cuestionó la discrecionalidad en la entrega de apoyos, la insuficiencia de subsidios, la inseguridad que padecen las y los campesinos, e incluso la posibilidad de que se exija afiliación a organizaciones afines para acceder a los programas.
Uno de los señalamientos más contundentes vino de la legisladora Krishna Karina Romero (PAN), quien cuestionó directamente la inacción frente a las extorsiones que sufren las y los productores rurales. La respuesta de la secretaria fue evasiva: trasladó la responsabilidad a la Secretaría de Seguridad estatal, sin presentar medidas específicas ni un diagnóstico claro de la problemática. ¿Cómo puede prosperar el campo cuando quienes lo trabajan deben pagar “cuota” para sembrar o vender?
Rezago estructural: cifras maquilladas, carencias profundas, de acuerdo con la secretaria Rojano, el valor de la producción agropecuaria en el estado superó los 42 mil millones de pesos, pero no explicó cómo ese ingreso se distribuye entre pequeños, medianos y grandes productores, ni si ha habido mejoras reales en la vida de las comunidades rurales.
Tampoco detalló el impacto real de los 29 mil apoyos entregados, ni cómo se seleccionan los beneficiarios. La falta de transparencia y criterios claros fue un punto repetido por varias bancadas, en particular por el PRD y el PRI.
Desde Movimiento Ciudadano, la legisladora Maricela Beltrán expuso el rezago crónico del campo mexiquense, agravado por presiones ambientales como incendios, sequías y deforestación, ante las cuales la secretaría no ofreció soluciones estructurales, sino respuestas fragmentadas y genéricas.
Tala clandestina y pérdida ambiental una crisis minimizada: otro tema clave fue la tala ilegal, especialmente en zonas críticas como Ocuilan y el Nevado de Toluca. Aunque el PVEM reconoció avances legislativos, la secretaria minimizó su papel alegando que se trata de un tema federal. Una omisión preocupante, considerando que la pérdida de cobertura forestal afecta directamente al ciclo del agua, la calidad del suelo y la viabilidad agrícola.
A pesar del discurso oficial de “transformación del campo”, varias voces dentro del Congreso cuestionaron si hay realmente una ruptura con los viejos esquemas clientelares y asistencialistas. La diputada Araceli Casasola (PRD) señaló que no ve diferencias sustantivas con lo hecho por gobiernos anteriores. Y preguntó —sin recibir respuesta clara— si se condiciona el acceso a programas a la afiliación política o sectorial.
La comparecencia de la titular del Campo terminó dejando un sabor amargo: mucho autoelogio y poca autocrítica. El sector rural mexiquense arrastra décadas de abandono, y aunque hoy se invierten más recursos, los resultados aún no se traducen en justicia social, rentabilidad, ni, sustentabilidad ambiental.
Si el gobierno estatal realmente pretende transformar el campo, debe pasar del reparto de apoyos al diseño de una política pública territorial, integral y con enfoque de derechos, donde la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad no sean promesas, sino realidades sembradas en cada comunidad rural
