Se suponía que BiciMad era un servicio municipal para todos los madrileños. Para todos menos para los riders
Cuando se lanzó, hace más de una década, Bicimad se planteó como un servicio de transporte público con bicis compartidas. Su idea era muy sencilla: ponérselo más fácil (y barato) a los madrileños para que se desplazasen por bici por la ciudad. Con el paso del tiempo su red de vehículos y estaciones ha ido expandiéndose, pero también ha atraído a un nuevo tipo de usuario: riders interesados en sus prestaciones y bajo coste que las alquilan saltándose el reglamento.
Ahora el Ayuntamiento ha dicho basta.
¿Qué ha pasado? Que Madrid se ha cansado de que los riders utilicen durante sus repartos Bicimad, un servicio de alquiler de bicicletas públicas. El mensaje lo ha trasladado con claridad meridiana el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, quien ha recordado que el sistema se pensó para que lo usen particulares (como vecinos o turistas) no para que se le saqué partido económico, una posibilidad claramente vetada en su reglamento.
¿Tan grave es el problema? Sí. Y no. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) reconoce que no le consta que los riders estén haciendo «un uso masivo» de Bicimad, aunque sí ha detectado «algún caso». Mucho más claro ha sido Carabante, quien asegura que se trata de una práctica que «todos vemos» en la calle y parece estar yendo a mayores. De hecho el Ayuntamiento habla de «un incremento».
¿Qué dice la normativa? La cuestión no es tanto que la práctica esté más o menos extendida como que incumple de lleno las bases (y el espíritu) que regulan el servicio. En su capítulo XI el documento que fija las condiciones de uso desliza varias ideas, incluida una que cierra las puertas a los riders y demás repartidores. «La bicicleta se usará exclusivamente para el transporte de usuarios, no pudiendo transportar a otras personas, animales o mercancías», recoge el texto. «Tampoco podrán utilizarse la bicicleta, ni las estaciones, para fines comerciales».
¿Por qué las usan entonces? Por sus ventajas. Bicimad ofrece más de 7.700 bicis y 630 estaciones repartidas por 21 distritos de la capital. Quienes utilizan el servicio pueden disfrutar de bicis eléctricas con un motor central de 250W y 70 kilómetros de autonomía por una cuota de solo 10 euros mensuales. El servicio ofrece viajes gratis e ilimitados de hasta 30 minutos. Superado ese tiempo la segunda fracción de 30 minutos cuesta 0,5 y las sucesivas tres euros.
Además sus usuarios están asegurados. Un rider que quisiese comprar una bici urbana similar para repartir pedidos tendría que desembolsar cientos de euros, como mínimo. Eso sin contar con el desgaste del vehículo y otra de las grandes ventajas de Bicimad: la red de estaciones y puntos de carga. Sus responsables calculan que el servicio tiene a día de hoy 450.000 usuarios mensuales que realizan trayectos que, de media, duran poco más de 15 minutos.
¿Qué quiere hacer el Ayuntamiento? De momento ha dejado claro que es consciente de que los riders están dando un uso indebido a las bicis y que no está dispuesto a hacer la vista gorda. Cómo responderá y hasta dónde está dispuesto a llegar en su empeño es otro asunto. El Ayuntamiento ha deslizado que buscará la forma de «desincentivar» que los repartidores se aprovechen de Bicimad y para ello una de las opciones que tiene sobre la mesa es aplicarles tarifas extra.
«Tendremos que ver si algún tipo de tarifa específica para este tipo de actividad y estamos analizando las posibles alternativas para que no se produzca», precisó Carabante, quien reconoce que lo que ha despertado el interés de los riders y ha hecho que el uso de Bicimad aumente entre el colectivo (según los datos que maneja el Ayuntamiento) son precisamente las «tarifas bajas» que aplica el servicio, lo que «hace atractivo el uso» por parte de los repartidores.
¿Se plantea algo más? Sí. Aumentar los controles a pie de calle. El Ayuntamiento de la capital ha reconocido a El Mundo que planea prestar una mayor atención a quién alquila las bicis para hacerse una idea más precisa del problema. «Para valorar si hay que tomar alguna medida para evitar este tipo de usos, desde la EMTE se va a iniciar próximamente una campaña de vigilancia para el seguimiento de estas actividades», avanza. «De acuerdo con esos resultados, se aplicarán actuaciones para desincentivar el uso para actividades comerciales».
No lo tendrán fácil. Los riders emplean las mismas tarjetas del resto de usuarios y para confirmar que están usando el servicio con fines comerciales la policía tendría que pararlos. De ahí por ejemplo que de momento tampoco se esté sancionando el uso indebido de las bicis. El problema no es del todo nuevo, pero el Ayuntamiento parece decidido a poner fin a una costumbre que, como alerta el delegado, perjudica a los particulares que quieren usar las bicicletas públicas.
Imágenes | Bicimad
