Abortar en España se ha convertido en una auténtica odisea en función de la provincia. Así que el Gobierno ha lanzado una web
España tiene una ley avanzada en materia de aborto, con plazos definidos hasta la semana 14 y supuestos ampliados hasta la 22. Lo difícil es llevarla al terreno real. El acceso depende de la comunidad autónoma, del grado de implicación de la sanidad pública y, demasiadas veces, de la capacidad económica de la mujer. Mientras la ley asegura cobertura universal, muchas intervenciones se realizan en la privada y no pocas mujeres se ven obligadas a desplazarse. En ese contexto nace quieroabortar.org, un portal que pretende convertirse en brújula frente a un sistema que, pese a las reformas legales, sigue planteando obstáculos en el día a día.
Un nuevo lanzamiento. Los ministerios de Sanidad e Igualdad han lanzado una página web, presentada en el acto por los 40 años de la legalización del aborto. El portal ofrece lo que el Gobierno llama un “espacio público seguro”, pensado para guiar a las mujeres en un sistema que todavía varía mucho de una comunidad autónoma a otra. La plataforma ha sido elaborada por sanitarias y activistas expertas en derechos reproductivos, se basa en la evidencia científica y en guías de organismos como la OMS, FIGO, Fiapac o SEGO, y cuenta con la acreditación del Colegio de Médicos de Barcelona.
No se trata solo de un portal informativo, lo que busca es ofrecer orientación práctica, acompañamiento y recursos concretos. Por ello la web incluye un número de WhatsApp atendido por profesionales de lunes a viernes, así como una línea telefónica disponible los lunes, miércoles y viernes por tarde, gestionada por voluntarias formadas. Además, contará con un servicio de apoyo jurídico, emocional y técnico para mujeres que necesitan interrumpir su embarazo más allá de la semana 22.
La ley vs la realidad. España abrió la puerta al aborto en 1985, aunque de manera muy restringida: solo en tres supuestos tasados por la ley. La gran transformación llegó en 2010, con una ley de plazos que reconoció por primera vez la decisión de la mujer como motivo suficiente hasta la semana 14. La norma también contemplaba interrupciones hasta la semana 22 en casos médicos. La última reforma llegó en el año 2023, donde se suprimió el periodo de reflexión de tres días, se reconoció la autonomía de las menores de 16 y 17 años sin necesidad de permiso paterno y se instauró la obligación de que cada comunidad creara un registro de objetores de conciencia. Esto último se realizó para que la sanidad pública no quedara desbordada ni bloqueada por la negativa de los profesionales.
En agosto de 2024 solo cinco comunidades habían puesto en marcha el registro de objetores de conciencia —La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias—, según datos citados por El País. La falta de este instrumento en el resto genera una aplicación desigual de la ley y mantiene a muchas mujeres dependientes de clínicas privadas o de traslados a otras provincias. Además, como señala EFE, persisten denuncias de acoso a las puertas de las clínicas y de retrasos burocráticos en el procedimiento.
Un mapa fragmentado. El Ministerio de Salud ha publicado que en 2024 se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que equivale a una tasa de 12,36 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. La cifra refleja un ligero aumento respecto a 2023. Según los datos, la foto general revela una brecha evidente: casi ocho de cada diez abortos (78,7%) se realizaron en clínicas privadas, mientras que la sanidad pública asumió solo el 21,2% del total.
De ahí que se haya puesto en marcha la página web, pensado para sortear las diferencias territoriales que siguen marcando el acceso real al aborto. En territorios como Cantabria, más del 88% de las IVE se realizan en hospitales públicos, mientras que en La Rioja y Navarra la proporción supera el 75%. En Galicia, tres de cada cuatro abortos se practican en la red pública.
La distribución de los abortos en España refleja un acceso desigual al sistema público. En Madrid, más de 162.000 mujeres interrumpieron su embarazo en la última década, pero solo 177 pudieron hacerlo en un hospital público. En otros territorios, como Extremadura, Ceuta y Melilla, los datos oficiales son aún más tajantes: ni un solo procedimiento se realizó en la sanidad pública. Y en comunidades como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o País Vasco, la proporción no superó el 5%. Esta disparidad territorial revela la dependencia casi absoluta de la red privada en buena parte del país.
Las voces críticas. Durante el acto con motivo de los 40 años de la legalización, activistas como Silvia Aldavert, de la plataforma Quiero Abortar, denunciaron que muchas autonomías interpretan de forma restrictiva los plazos legales: “Cuando la ley habla de 14 semanas, deben ser 14 + 6 días. En muchas comunidades se interpreta como 14 exactas, ni un día más”.
La ministra Ana Redondo subrayó que el 80% de las IVE se realizan en clínicas privadas, lo que “vulnera el principio de igualdad territorial” y convierte el aborto en “una cuestión de clase”. El coste de desplazarse cientos de kilómetros, pedir días libres en el trabajo o pagar una clínica privada marca la diferencia entre poder ejercer el derecho en condiciones dignas o no.
Los testimonios lo confirman. El caso de Marta Vigara, una mujer a la que se le negó una interrupción terapéutica en Madrid, destapó que en algunos hospitales públicos apenas se practicaban abortos y que la solución habitual era derivar a la privada. También está el testimonio recogido por Newtral de Laura Gil, que tuvo que viajar a Bruselas para interrumpir su embarazo de 31 semanas ante la negativa de los comités clínicos españoles, un ejemplo de cómo la capacidad económica actúa como filtro.
La investigación apunta a dos factores clave: la externalización sistemática a clínicas privadas y la objeción de conciencia aplicada de forma colectiva, pese a que la ley establece que debe ser individual y por escrito.
La objeción de conciencia como muro. El derecho de los profesionales a objetar sigue siendo uno de los principales escollos. “No se puede sacrificar un derecho fundamental de las mujeres a costa de la objeción de conciencia”, advirtió la ministra Ana Redondo, recordando que el artículo 139.1 de la Constitución garantiza la igualdad de derechos en todo el territorio.
El problema es que en comunidades como Melilla, donde todos los médicos se declaran objetores, el derecho se convierte en papel mojado. La ley prevé el registro para organizar mejor los recursos, pero mientras no se aplique de manera uniforme, abortar en la pública seguirá siendo una excepción. La OMS, por su parte, recuerda que el aborto debe ser tratado como un servicio de salud esencial, no como una prestación condicionada.
Más allá de nuestras fronteras. La comparación internacional muestra que las leyes, por sí solas, no garantizan el acceso real. El ejemplo más revelador es el de Estados Unidos: durante décadas, tras la sentencia Roe v. Wade de 1973, el aborto fue legal, pero muchos estados introdujeron restricciones progresivas —plazos más cortos, exigencias económicas, requisitos burocráticos— que en la práctica dificultaban el acceso. Ese “blindaje legal” terminó vaciado de contenido hasta que, en 2022, el Tribunal Supremo anuló el precedente. La experiencia norteamericana ilustra un riesgo que también planea sobre España: que una ley avanzada se desdibuje en el día a día si no se asegura su aplicación homogénea en todo el territorio.
Un derecho aún en disputa. El aborto en España ha recorrido un camino de cuatro décadas. Durante este tiempo, más de 2,7 millones de mujeres han recurrido a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, los obstáculos persisten: desigualdad territorial, objeción de conciencia aplicada de forma colectiva, hostigamiento a las puertas de las clínicas y una dependencia excesiva de la sanidad privada.
El Gobierno ha querido marcar este aniversario con la creación de una web que busca ofrecer claridad en medio de un sistema desigual. La cuestión de fondo, sin embargo, sigue abierta: si España será capaz de garantizar un acceso real y homogéneo, o si este derecho continuará expuesto a los vaivenes políticos, económicos y geográficos.
Imagen | Unsplash
