EL: HUSMEADOR

El Crimen Organizado Devora a la Industria Minera Bajo la Mirada Indiferente del Gobierno

EL SECTOR MINERO, sin duda, es uno de los que más puede llamar la atención debido a la cantidad de recursos que puede generar, y eso hace que el crimen organizado ponga sus miradas en esa industria. Lo ocurrido en La Concordia, Sinaloa, que mal gobierna el impresentable Rubén Rocha, muestra que en amplias regiones del país trabajar en la minería se ha convertido en un acto de riesgo personal. El secuestro de 10 trabajadores de la canadiense Vizsla Silver, que dirige Michael Konnert, es el reflejo del deterioro profundo existente en la seguridad en zonas estratégicas para la economía nacional. Este lamentable episodio, que ha dominado las portadas de los principales medios mexicanos e internacionales en las últimas horas, expone no solo la voracidad del crimen organizado, sino también la inoperancia de las autoridades estatales y federales. El 23 de enero de 2026, un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia, Sinaloa, y secuestró a 10 ingenieros y técnicos de Vizsla Silver mientras se encontraban en su descanso, alrededor de las 7:30 de la mañana. 

Los trabajadores, que laboraban en el proyecto Pánuco –una mina de plata y oro en etapa de exploración–, fueron llevados a la fuerza sin que nadie interviniera de inmediato. Días después, la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales localizaron 10 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, cerca del sitio del secuestro. 

Hasta el momento de escribir este texto, cinco de estos cadáveres han sido identificados como pertenecientes a los mineros desaparecidos, mientras que los otros cinco permanecen en proceso de identificación. 

La empresa Vizsla Silver confirmó la trágica noticia a través de un comunicado, donde su director, Michael Konnert, expresó su devastación y se centró en apoyar a las familias y en la recuperación de los aún no localizados. 

Según las investigaciones iniciales, los responsables serían integrantes de la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, quienes detuvieron a cuatro sospechosos que confesaron el crimen. 

Sin embargo, la versión oficial ofrecida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del 10 de febrero, resulta simplemente inverosímil: los mineros fueron «confundidos» con miembros de un grupo rival, «Los Mayitos». 

¿Cómo es posible que un grupo armado secuestre a 10 personas, las torture y asesine, sin verificar su identidad? Esta explicación suena más a un intento torpe de minimizar la responsabilidad gubernamental que a una investigación seria. ¿Será que el gobierno federal trata ocultar que esa industria es extorsionada en todo el país, en el contexto de la revisión del T-MEC y del reciente acuerdo que México firmó con el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump para el tratamiento de los minerales raros.?

La crítica al gobierno estatal de Rubén Rocha Moya es inevitable y merecida. Sinaloa, bajo su administración, se ha convertido en un territorio donde la minería –un pilar económico– opera bajo constante amenaza. La empresa Vizsla Silver ya había suspendido sus operaciones en abril de 2025 precisamente por la inseguridad rampante en la zona, lo que demuestra que las alertas estaban encendidas desde hace meses. 

¿Dónde estaba el gobernador Rocha cuando estas señales de alarma sonaban? Su «mal gobierno», como bien se señala en la introducción, ha permitido que regiones enteras queden a merced de cárteles como el de Sinaloa, sin una estrategia efectiva de seguridad. La respuesta estatal fue lenta y reactiva: pasaron días antes de que se activaran búsquedas masivas, y solo tras la presión mediática y familiar se desplegaron 1,600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

A nivel federal, el panorama no es mejor. La administración de Claudia Sheinbaum, que presume de una estrategia de «abrazos, no balazos», ha fallado estrepitosamente en proteger sectores clave como la minería. García Harfuch aseguró que no había denuncias previas de extorsión contra Vizsla Silver, pero esto ignora el contexto: en Sinaloa, las extorsiones son moneda corriente, y muchas empresas callan por miedo a represalias. Algunos reportes sugieren que «Los Chapitos» exigían pagos mensuales de hasta 200 mil pesos para permitir operaciones, lo que contradice la narrativa oficial de un «error aislado». La lentitud federal en intervenir –el secuestro ocurrió el 23 de enero, pero los cuerpos se hallaron más de una semana después– evidencia una desconexión con la realidad en el terreno. Además, la instrucción de Sheinbaum para reunirse con la Cámara Minera de México llega tarde, como un parche reactivo en lugar de una prevención proactiva. 

Este caso no es aislado; es el síntoma de un país donde el crimen organizado infiltra industrias vitales, y los gobiernos, tanto estatal como federal, responden con excusas y demoras. Las familias de las víctimas, como la de José Manuel Castañeda Hernández, exigen justicia y critican incluso a la empresa por su falta de apoyo humano en la crisis. 

Mientras tanto, la minería en Sinaloa pende de un hilo, y con ella, miles de empleos y recursos económicos. Es hora de que las autoridades dejen las declaraciones absurdas y actúen con firmeza, antes de que más vidas inocentes paguen el precio de su incompetencia.