Crisis en el sector salud del Edomex: señalamientos crecen contra Macarena Montoya
El creciente descontento social y las condiciones observadas en los servicios públicos de salud sugieren una crisis institucional que demanda atención urgente y, posiblemente, una reconfiguración administrativa.
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Toluca, Estado de México. La gestión de la doctora Macarena Montoya Olvera, actual titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, ha sido objeto de creciente escrutinio público y demandas de destitución, en medio de una serie de denuncias que apuntan a irregularidades administrativas, deterioro de los servicios públicos de salud, y un presunto manejo opaco de recursos.
Desde su nombramiento en 2023 por la gobernadora Delfina Gómez, Montoya Olvera ha enfrentado una acumulación de protestas protagonizadas por personal del sector salud, que se ha manifestado en distintas regiones del estado, reclamando condiciones laborales precarias, descuentos salariales injustificados y una cadena de omisiones institucionales que —según testimonios— afectan directamente a trabajadores y pacientes.
Protestas generalizadas y exigencias de renuncia, durante 2024 y 2025 se han registrado múltiples movilizaciones encabezadas por trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), quienes han solicitado públicamente la destitución de Montoya. Las manifestaciones han incluido bloqueos en puntos estratégicos como Paseo Tollocan, en la capital mexiquense, lo que generó atención mediática sobre la crisis interna de la dependencia.
Entre las principales demandas se encuentran la falta de insumos médicos, pagos retrasados o incompletos, y un clima laboral que empleados califican como “hostil” y marcado por el autoritarismo.
Infraestructura deficiente y desabasto de insumos,Las condiciones en hospitales públicos han sido calificadas por pacientes y personal médico como inaceptables. En redes sociales y medios locales se han difundido imágenes de instalaciones en evidente deterioro, con filtraciones, baños inutilizables, ausencia de materiales quirúrgicos, y medicamentos esenciales agotados.
La Secretaría de Salud ha rechazado que exista un desabasto generalizado, aunque ha admitido que persisten “rezagos logísticos” y “áreas de oportunidad” en los procesos de distribución y abasto.
Fuentes cercanas al proceso de adquisiciones en el sector salud han señalado presuntas irregularidades en adjudicaciones directas de contratos a empresas supuestamente vinculadas a funcionarios cercanos a Montoya Olvera. Aunque hasta el momento no se han presentado denuncias penales formales, diversos actores políticos y sociales han demandado una auditoría independiente a los contratos otorgados durante su administración.
La falta de transparencia ha sido un tema recurrente, particularmente en lo relacionado con licitaciones públicas, compras de emergencia y subrogación de servicios.
Uno de los momentos más críticos de la gestión de Montoya fue el brote de la bacteria Klebsiella oxytoca en un hospital materno-infantil de Toluca, que provocó la muerte de al menos 13 recién nacidos. El caso generó alarma nacional y derivó en exigencias de revisión a los protocolos sanitarios y a la calidad de los insumos intravenosos utilizados.
Asimismo, se ha cuestionado la respuesta institucional frente a los efectos sanitarios derivados de las recientes inundaciones en la entidad, ante reportes ciudadanos de enfermedades gastrointestinales y cutáneas. La Secretaría negó públicamente que exista un repunte de padecimientos asociados, pese a la evidencia empírica documentada por pobladores y medios locales.
Rumores sobre bienes personales sin confirmación oficial, en redes sociales han circulado versiones que vinculan a la funcionaria con presuntas propiedades en fraccionamientos residenciales exclusivos, así como supuestos eventos privados en los que habría hecho uso de recursos públicos. No obstante, hasta el momento, ninguna de estas afirmaciones ha sido sustentada con documentación verificable ni forma parte de investigaciones oficiales.
Diversas organizaciones médicas, sindicatos del sector público y colectivos ciudadanos han solicitado a la gobernadora Delfina Gómez revisar de forma integral el desempeño de Montoya Olvera, y tomar decisiones con base en indicadores técnicos y sociales. En paralelo, legisladores locales han advertido que podría convocarse a comparecencias adicionales en el Congreso mexiquense para esclarecer los señalamientos.
A dos años de haber asumido el cargo, la permanencia de Macarena Montoya al frente del sistema de salud del Estado de México permanece bajo una sombra de controversia. Aunque no enfrenta acusaciones penales, el creciente descontento social y las condiciones observadas en los servicios públicos de salud sugieren una crisis institucional que demanda atención urgente y, posiblemente, una reconfiguración administrativa.
