EL HUSMEADOR
«Huachicol Fiscal y la Sombra de la Corrupción: El Caso Farías Laguna y el Trágico Fin de Pérez Ramírez»
El reciente operativo contra el huachicol fiscal en México, que culminó con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 14 personas más, ha destapado una red binacional de contrabando que operaba con descarada impunidad en aduanas y puertos clave como Tampico y Ensenada. Sin embargo, el caso tomó un giro sombrío con el suicidio del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue hallado sin vida el 8 de septiembre de 2025 en sus oficinas, horas después de ser señalado por recibir sobornos en la misma red de corrupción. Este trágico evento no solo intensifica las dudas sobre la depuración institucional, sino que también pone en el centro del debate el nepotismo, la militarización y las presiones internacionales que rodean a la Secretaría de Marina (Semar).La investigación, que comenzó con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico en marzo de 2025, reveló un esquema sofisticado de evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Buques como el Challenge Procyon, provenientes de Texas, declaraba transportar aditivos para aceites lubricantes, pero en realidad descargaba combustible ilegal. Según el testimonio del exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, Pérez Ramírez recibió 100 mil pesos como “gratificación” por permitir la descarga de un “huachi-buque” en abril de 2024, un pago gestionado por un intermediario conocido como “NK”, alias de Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán retirado y prófugo de la justicia.
El caso Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, expone las fisuras de una institución venerada. Las autoridades, lideradas por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, han insistido en que estos actos son “aislados” y no reflejan el espíritu de la Marina. En X, la Semar reiteró su compromiso con la “cero tolerancias” a la corrupción, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que la investigación llegará “hasta donde tope”. Sin embargo, la muerte de Pérez Ramírez, quien se habría disparado en una camioneta oficial en Altamira, según reportes de Proceso y Reforma, añade un peso trágico a estas declaraciones.
En redes sociales, el caso ha desatado una tormenta de críticas. Usuarios como @Reforma informaron que los hermanos Farías pagaban hasta 1.7 millones de pesos por cada buque de huachicol descargado, mientras que @FDoringCasar, ha insinuado conexiones con figuras cercanas al poder, como Andy López Beltrán, aunque sin pruebas concretas. La muerte de Pérez Ramírez, confirmada por fuentes federales y periodistas como Carlos Loret de Mola, ha avivado las especulaciones sobre la presión interna y el miedo a represalias dentro de la Marina.
El componente binacional del escándalo complica aún más el panorama. La colaboración con Estados Unidos fue clave para identificar al Challenge Procyon, pero también ha generado sospechas sobre influencias externas. Analistas como Raymundo Riva Palacio sugieren que las detenciones podrían responder a presiones de Washington, especialmente tras las declaraciones de Ismael «El Mayo» Zambada sobre la corrupción de militares mexicanos. En X, usuarios como @MaxKaiser75 han cuestionado la capacidad del gobierno para erradicar estas redes sin intervención extranjera, alimentando la percepción de un sistema vulnerable al crimen organizado. El asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en 2024, quien denunció a los hermanos Farías, y el reciente homicidio de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima que investigaba su muerte, subrayan la violencia que rodea este caso. La rápida promoción de Farías Laguna a vicealmirante y los señalamientos contra Pérez Ramírez, quien ocupó cargos clave en Tampico y Altamira, evidencian un sistema donde el nepotismo y la falta de meritocracia han permitido el florecimiento de redes corruptas.
A pesar de las más de 200 órdenes de aprehensión pendientes, incluyendo la de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista, la opacidad persiste. La FGR y la Semar enfrentan el desafío de demostrar que la “cero impunidades” es más que una consigna. El suicidio de Pérez Ramírez, un oficial con formación en la Heroica Escuela Naval Militar y una carrera de bajo perfil, no solo es una tragedia personal, sino un recordatorio de las presiones que enfrentan quienes son señalados en estas investigaciones.
El caso Farías Laguna y la muerte de Pérez Ramírez son un espejo de las contradicciones de un México que busca modernizarse mientras lidia con el legado de la militarización, el nepotismo y la corrupción. La administración Sheinbaum tiene una oportunidad crucial para probar que su compromiso con la justicia es genuino, pero el camino hacia la transparencia requiere cortar de raíz los lazos de poder que han permitido que el huachicol fiscal prospere. Mientras tanto, la Marina, una institución históricamente respetada, enfrenta una crisis de credibilidad que no se resolverá con comunicados, sino con acciones contundentes.
